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12/3/2006

Prólogo del Reglamento de Participación Ciudadana elaborado por la Federación de AAVV 5 de Abril

Teniendo en cuenta la propia Constitución Española, donde en su artículo 9.2 se recoge el principio de la “participación ciudadana”, la Administración Local es el marco más idóneo por la proximidad y cercanía, para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de participar en los asuntos públicos y en la gestión municipal.

Además de la Constitución Española como Carta Magna, también la Ley de Bases de Régimen Local deja la posibilidad de desarrollar dicha participación. Por tal motivo, es en este Reglamento de Participación Ciudadana, donde se pretende administrar la vida participativa de los ciudadanos, desde una perspectiva democrática y reguladora o reglamentaria, para que se puedan hacer valer todos sus derechos y la defensa de sus intereses, a través de ellos mismos o mediante sus organizaciones y sus representantes, reconocida en la misma Ley de Bases de Régimen Local a los municipios. (…Más información …)




30/6/2005

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

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Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
(BOE núm. 282, de 25-11-1994).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREÁMBULO

1

El régimen jurídico de los arrendamientos urbanos se encuentra en la actualidad regulado por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aprobado por el Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre.

Los principios que inspiraron la reforma de la legislación arrendaticia llevada a cabo en 1964, según reza la Exposición de Motivos de la Ley 40/1964, fueron los de atemperar el movimiento liberalizador de la propiedad urbana a las circunstancias económicas del país y a las exigencias de la justicia. Sin embargo, el texto refundido no llegó a alcanzar sus objetivos de desbloquear la situación de las rentas congeladas. El citado texto consagró, además, un régimen de subrogaciones, tanto inter vivos como mortis causa, favorable a los intereses del arrendatario.

Ambas circunstancias determinaron un marco normativo que la práctica ha puesto de manifiesto que fomentaba escasamente la utilización del instituto arrendaticio.

Ante estas circunstancias, el Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica, introdujo dos modificaciones en la regulación del régimen de los arrendamientos urbanos que han tenido un enorme impacto en el desarrollo posterior de este sector. Estas modificaciones fueron la libertad para la transformación de viviendas en locales de negocio y la libertad para pactar la duración del contrato, suprimiendo el carácter obligatorio de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos.

El Real Decreto-ley 2/1985 ha tenido resultados mixtos. Por un lado, ha permitido que la tendencia a la disminución en el porcentaje de viviendas alquiladas que se estaba produciendo a principios de la década de los ochenta se detuviera, aunque no ha podido revertir substancialmente el signo de la tendencia. Por otro lado, sin embargo, ha generado una enorme inestabilidad en el mercado de viviendas en alquiler al dar lugar a un fenómeno de contratos de corta duración. Esto a su vez ha producido un movimiento de incremento de las rentas muy significativo, que se ha visto agravado por su simultaneidad en el tiempo con un período de elevación de los precios en el mercado inmobiliario.

En la actualidad, el mercado de los arrendamientos urbanos en vivienda se caracteriza por la coexistencia de dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado, los contratos celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985, que representan aproximadamente el 20 por 100 del total y se caracterizan por tener rentas elevadas y un importante grado de rotación ocupacional por consecuencia de su generalizada duración anual. Por el otro, los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/1985. En general, se trata de contratos con rentas no elevadas y, en el caso de los contratos celebrados con anterioridad a la Ley de 1964, aproximadamente el 50 por 100 del total, con rentas que se pueden calificar como ineconómicas.

Las disfunciones que esta situación genera en el mercado son tales que han convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la vivienda. En este sentido, sólo un 18 por 100 aproximadamente del parque total de viviendas se encuentra en régimen de alquiler.

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para que ello se produzca.

La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda, por entender que las realidades económicas subyacentes son substancialmente distintas y merecedoras, por tanto, de sistemas normativos disímiles que se hagan eco de esa diferencia. (…Más información …)




25/4/2005

El avance del nuevo PGOU estará listo a comienzos del próximo año

Inicio > — admin @ 8:05 am :: 356

Intervenciones en la Juan Carlos I, la Zona Franca y el centro histórico, elementos claves
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En Cádiz viven 8.000 personas más de las empadronadas

Inicio > — admin @ 7:48 am :: 355

Cádiz. El padrón de habitantes en Cádiz es de más de 134.000 habitantes, pero en la ciudad viven muchas más personas de las que indican las cifras oficiales. ¿Cuántas? Difícil respuesta, aunque el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, José Blas Fernández, calcula que son ocho mil. A ellas se une una enorme cantidad de personas que entra diariamente en la ciudad y que se beneficia de los servicios municipales. Ello acarrea dificultades al Ayuntamiento gaditano, que dispone de unos recursos limitados para un determinado número de habitantes que después resultan que son algunos miles más.
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5/3/2005

La prensa gaditana se hace eco de nuestra intervención de ayer en el Pleno del Ayuntamiento.

Reproducimos los artículos publicados por la prensa gaditana:

CádizInformación: La situación provocada por las obras en Santiago 11 divide a los políticos.

CádizNoticias.com: La voz de “Cádiz Centro” acaparó el pleno en el que Loaiza intervino en la mayoría de las propuestas.

DiariodeCádiz.com Vecinos de Barrocal y Santiago critican la gestión del Consistorio

La voz de Cádiz Urbanismo no pagará el arreglo de los daños de Santiago, 11 en otras fincas.

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18/12/2004

El Ayuntamiento se hace cargo de la finca de Santiago, 11

Inicio > — carlosparodi @ 2:45 pm :: 5

Reproducimos el comentario del Sr. Pérez Sauci el sábado 18 de Diciembre de 2004 en Diario de Cádiz, página 22, vivir en cádiz, “Plazuela de la Cruz la verdad y El Mentidero".

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16/12/2004

LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación

Inicio > — josegalindo @ 9:50 pm :: 102

BOE núm. 73
Martes 26 marzo 2OO2

5852 LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen.

Nuestra Constitución no es ajena a estas ¡deas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional, como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículos 7 y 28), las confesiones religiosas (artículo 16), las asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las organizaciones profesionales (artículo 52), y de una forma general define, en su artículo 22, los principios comunes a todas las asociaciones, eliminando el sistema de control preventivo, contenido en la Ley 191/1 964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, y posibilitando su ejercicio.

Consecuentemente, la necesidad ineludible de abordar el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, mediante Ley Orgánica al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental (artículo 81), implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con las modalidades específicas reguladas en leyes especiales y en las normas que las desarrollan, para los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las confesiones religiosas, las asociaciones deportivas, y las asociaciones profesionales de Jueces, Magistrados y Fiscales. Con este objetivo se establece un régimen mínimo y común, que es, además, el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en la legislación especial.

Se ha optado por incluir en único texto normativo la regulación íntegra y global de todos estos aspectos relacionados con el derecho de asociación o con su libre ejercicio, frente a la posibilidad de distinguir, en sendos textos legales, los aspectos que constituyen el núcleo esencial del contenido de este derecho —y, por tanto, regulables mediante Ley Orgánica— de aquellos otros que por no tener ese carácter no requieren tal instrumento normativo.
Esa división hubiese resultado difícilmente viable por las siguientes razones: en primer lugar, en el texto actual se entrelazan, a veces como diferentes apartados de un mismo artículo, preceptos de naturaleza orgánica y ordinaria, por lo cual su separación hubiese conducido a una pérdida de calidad técnica de la norma y a una mayor dificultad en su comprensión, aplicación e interpretación; y segundo, agrupando en un único texto —siempre diferenciando en función de la naturaleza orgánica o no— el código básico que regula el derecho de asociación, se favorece su conocimiento y manejo por parte de los ciudadanos, cuya percepción del derecho de asociación es básicamente unitaria en cuanto a su normativa reguladora, al menos en el ámbito estatal.
Es innegable, también, y así lo recuerda el Comité Económico y Social de la Unión Europea en su Dictamen de 28 de enero de 1998, la importancia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia. Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la diversidad cultural.
En este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que deriva directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de derecho. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de los instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma suprema. (…Más información …)

8/12/2004

La AVV Cádiz Centro inicia una campaña de afiliación de socios a través de su página web

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17/11/2004

Izquierda Unida pide que el Consistorio actúe en la obra de la calle Santiago nº11

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15/11/2004

Urbanismo constata fallos en la obra de la Calle Santiago, 11

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12/11/2004

Estatutos aprobados en asamblea el 11/11/04 por la Asociación de Vecinos Cádiz Centro

Inicio > — josegalindo @ 11:15 am :: 62
ASOCIACIÓN DE VECINOS
CÁDIZ CENTRO
C Á D I Z

ESTATUTOS

CAPÍTULO PRIMERO

Denominación, fines, domicilio social
y ámbito territorial

Art. º 1.º Denominación.- “ASOCIACIÓN DE VECINOS CÁDIZ CENTRO”, que se regirá por los presentes estatutos, regulados por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Art.º 2.º Objeto de la Asociación.- La finalidad de la Asociación es la de fomentar la colaboración de los asociados en orden al bien común; la defensa de los intereses generales de la vecindad del centro de Cádiz y la colaboración y/o organización de iniciativas destinadas a promover actividades de carácter cultural, social y recreativas que incidan en el ámbito de actuación de la Asociación. (…Más información …)

19/10/2004

Víctimas de la Especulación.

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26/8/2004

La obra de Santiago, 11 provoca una plaga de insectos.

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1/6/2004

El PSOE asegura que los “poderes fácticos” cubren a los “asustaviejas".

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11/5/2004

El derrumbe de Barrocal se debió a la pérdida de tierra bajo el edificio. Calle Santiago 11.

Publicado por Diario de Cádiz, el 11/5/2004. Puede descargar descargar este documento de 191 kb en formato .jpg.

 

30/4/2004

Parada una promoción tras inclinarse la pantalla perimetral. Calle Santiago 11.

Inicio > — carlosparodi @ 9:42 am :: 117

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