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16/7/2013

Patrimonio derrumbado

Inicio > — josegalindo @ 9:40 am :: 4805

El reciente anuncio que la Junta de Andalucía ha hecho de derribar el Olivillo, uno de los iconos de la arquitectura racionalista andaluza, no es más que la guinda de un pastel mordisqueado tanto por iniciativa privada como pública. De hecho, en los últimos dos años han desaparecido de la fisionomía urbana del casco histórico de Cádiz un total de 10 fincas, a la que se suma otro edificio que está a punto de demolerse, propiedad de la empresa municipal Procasa. Una situación que, como siempre, se produce al amparo de las administraciones competentes, las mismas que deben velar por la salvaguarda del patrimonio de la ciudad.

En esta ocasión se trata de edificios con la mínima protección que establece el PGOU, con protección ambiental de grado 3. Sin embargo, el procedimiento para su derribo no es nada sencillo, según figura en la normativa urbanística municipal, publicada recientemente, en 2011.

La asociación de vecinos Cádiz Centro se ha hecho eco de esta situación con la elaboración de este listado de edificios desaparecidos que hoy se recogen en esta información. Su representante, Paco Gómez, informa de que ya se han pedido explicaciones tanto a Ayuntamiento como a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, a la espera de alguna respuesta que atienda a la total desprotección de este patrimonio que forma parte de un conjunto histórico forjado en pleno siglo XVIII.

El grado de protección 3, al que se acogían estos edificios ahora inexistentes, hace referencia a aquellos bienes que, “sin tener un valor excepcional o relevante, son dignos de conservación por su interés tipológico, su integración en la trama, su contribución a formalizar el paisaje urbano, su interés como testimonio de la historia urbana, su valor arqueológico o etnológico".

Por tanto, la cuestión es… ¿De qué sirve este grado de protección?; ¿Bajo qué parámetros puede derrumbarse una finca catalogada?; ¿Quién o quiénes son los responsables?

La respuesta aparece en el artículo 1.3.18 sobre Declaración de Ruina en Edificios Catalogados o situados en el ámbito del Conjunto Histórico recogido en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, que apenas deja opción al derrumbe. Literalmente dice que “los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resulta forzosa quedarán exceptuados del régimen común de declaración de ruina". Asimismo -prosigue el texto- “quedarán enervados (pierden fuerzas) los efectos relativos a la demolición cuando se hallen en estado ruinoso hasta tanto se proceda a la aprobación del proyecto de rehabilitación. En todo caso se adoptarán las medidas urgentes para mantener la estabilidad y seguridad del edificio…". Un procedimiento cuyo cumplimiento se desconoce en los casos que aquí se recogen.

De esta forma, mientras el Ayuntamiento de Cádiz, encargado de notificar la resolución de expedientes en ruina, así como de emitir la licencia de cualquier obra, alega que todas las actuaciones contaban con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, y que cuatro de ellas responden a casos de ruina inminente, la delegación provincial de la Junta, última responsable de cualquier actuación, no se ha pronunciado de momento, a la espera de que los técnicos elaboren el informe de cada edificio.
Paco Gómez, de Cádiz Centro, tiene información de algún derribo. En el caso de la única finca que continúa en pie, Cruz, 11, propiedad de la empresa municipal Procasa, afirma que “según el Ayuntamiento se va a tirar porque no estaba recogida en el PGOU anterior". Sin embargo, la licencia de obra, que era de 2008, expiró en 2011, “por lo que sería necesario tramitar una nueva que ya se acogería al nuevo plan", explica.

En San Juan Bautista de la Salle, 17, “fue declarado en ruina técnica por los técnicos municipales, con el visto bueno de Cultura", esgrime. También hace un llamamiento sobre la finca desaparecida en Vea Murguía, 34, “cuyo proyecto es de la Oficina de Rehabilitación de la Junta. Un caso que fue polémico, porque estaba dotado de un guardaesquinas".

Así que no queda otra. “Hay que estar vigilantes", esgrime el representante de AVV Cádiz Centro “porque si un edificio está catalogado, por bonito o feo que sea, por algo será".

Además, la declaración en ruina no exime de responsabilidades. Tanto es así, que en la normativa figura que “la declaración de ruina no llevará aparejada autorización de demolición", que “la ruina sobrevenida o provocación de la ruina por abandono, negligencia o incumplimiento” obliga a reedificar total o parcialmente con idénticos parámetros -como quieren hacer con la fachada del Olivillo-, y que si se constata el incumplimiento del deber de conservar es causa de expropiación o de sustitución del propietario incumplidor. En la teoría, no parece tan sencillo derrumbar el patrimonio protegido de la ciudad.

Publicado por Virginia León (Diario de Cádiz)




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