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15/10/2011

Rodríguez de Castro y Osuna tendrán que pagar 4,3 millones

Inicio > — josegalindo @ 7:38 am :: 4708

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los exdelegados del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, a devolver a las arcas del Consorcio la cantidad de 4.321.639, 18 euros, por los “daños y perjuicios en los caudales públicos” que provocaron durante su mandato en esta institución tanto por la utilización de tarjetas de créditos sin control alguno y la firma de contratos a determinada sociedad igualmente sin control, ambos casos referidos únicamente a la etapa de Rodríguez de Castro, como por la gestión realizada respecto al portal de internet de comercio exterior RILCO, referidos a los dos exdelegados.

Atendiendo a los periodos imputables a cada uno de los demandados, a Manuel Rodríguez de Castro le corresponde pagar 1.646.087,42 euros, mientras que la cantidad exigida a Miguel Osuna se eleva a 2.675.551,76 euros, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz, que podrá ser recurrida por los interesados.

La sentencia, firmada el pasado 11 de octubre, supone un paso trascendental dentro del proceso judicial en el que se encuentra inmersa la Zona Franca de Cádiz desde hace ya una década, cuando se interpusieron las primeras denuncias contra los dos delegados nombrados durante los gobiernos del Partido Popular. Hace justamente ahora un año el juzgado de instrucción que lleva el caso penal imputó a los dos directivos por diversos delitos. Este proceso aún sigue abierto, estando pendiente de que la Fiscalía presente su correspondiente informe.

En cuanto a la sentencia del Tribunal de Cuentas, el relato que constituye el núcleo central del mismo no aporta grandes novedades respecto a lo que ya se ha ido conociendo en los últimos años: la utilización de tarjetas de crédito con las cuales se realizaron compras por cantidades muy elevadas por parte de Rodríguez de Castro, no contando muchas de ellas con la correspondiente justificación, o todo el largo y complicado proceso de RILCO, desde su constitución y adjudicación a Miami Free Zone a su desarrollo puesto en duda por la sentencia, la firma de contratos de diversos servicios por el propio delegado cuando ya sabía que iba a dejar el cargo e incluso poco antes de la publicación de su destitución en el Boletín Oficial del Estado, y el abono de contratos pendientes a la adjudicataria, ya en la etapa de Osuna.

Pero si aquí la sentencia no aporta novedad alguna a esta historia, sí destaca la rotundidad con la que valora la gestión de los dos exdelegados, y con especial rotundidad todo lo referido a la etapa presidida por Manuel Rodríguez de Castro.

Se concentra la sentencia en el análisis de la existencia o no de negligencia a la hora de cumplir con las funciones administrativas de los dos delegados. Y en base a este análisis, Rodríguez de Castro sale muy mal parado.

Así, en lo que se refiere al pago de tarjetas sin justificar y al pago de sobreprecio injustificado a la empresa Dos Folios y Medio, dentro de un contrato de asesoría e imagen, afirma el texto judicial: “Se aprecia un caso de grave negligencia, requisito bastante para declararle responsable contable del alcance producido, teniendo en cuenta que la diligencia exigible al gestor de fondos públicos es, al menos, la que correspondería a un buen padre de familia, si bien debe tenerse en consideración que la obligación de rendir cuentas que incumbe a los gestores de fondos públicos deriva de una relación jurídica de gestión de fondos que exige una especial diligencia". Diligencia cualificada, según la sentencia que asevera que el demandado “manifiestamente incumplió (…) sin preocuparse en absoluto de acreditar y justificar adecuadamente los desembolsos producidos".

Pero aún más duro resulta el Tribunal de Cuentas en cuanto a la actuación de Rodríguez de Castro en todo lo referido al proyecto tecnológico RILCO. Tras incidir en la obligación de ser diligente con la gestión de los fondos públicos, se afirma que el demandado “ha gestionado el patrimonio de una empresa pública (la Zona Franca) a través de una actividad contractual contraria a Derecho y omitiendo sus deberes de información al consejo de administración y comité ejecutivo, al menos en sus aspectos más esenciales, excediéndose abiertamente de las facultades legalmente a él atribuidas, lo que constituye una forma de administrar fondos públicos ajena a los valores jurídicos y socialmente lesiva".

“Desde luego continúa la sentencia- ha existido un incumplimiento de las normas por parte del entonces delegado del Estado y presidente de RILCO, cargos que, por su contenido e importancia de las responsabilidades y deberes tenía encomendados, debería conocerlas y observar cautelas en su actuación, preventivas o, al menos, reductoras del daño producido. Ya se ha constatado que, lejos de ellos, Rodríguez de Castro no sólo no adoptó cautelas, sino que se apresuró a realizar los desembolsos enjuiciados, incluso con anterioridad al suministro de bienes y prestaciones, efectuando nada menos que, uno primero, en la fecha en que anunció su dimisión y, posteriormente, el segundo cuando su cese fue efectivo mediante la publicación en el BOE".

En base a todo ello, afirma el autor de la sentencia que “la conducta del señor Rodríguez de Castro se aparta de los parámetros que definirían la misma como gravemente negligente, añadiéndose una evidente nota de voluntariedad, es decir, de perseguir consciente y voluntariamente el resultado dañoso", constando que la contratación con MFZ buscaba una mera apariencia de legalidad “para justificar unos importantes desembolsos de dinero público, al margen de la ley. El afán demostrado por el demandado por detraer los caudales públicos de las arcas del Consorcio, fue un acto consciente de menoscabar el patrimonio público".

voluntad deliberada de cometer un delito

Con todo ello concluye que toda la actividad probada de Rodríguez de Castro más allá de considerarse una grave negligencia debe ser considerada como una “responsabilidad contable a título de dolo". Es decir, que hubo por parte del exdelegado una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.

Respecto a Miguel Osuna, aunque la Abogacía del Estado también apreciaba dolo, el Tribunal de Cuentas discrepa de este análisis “si bien la valoración de la conducta de este demandado fue de grave negligencia, dada la extrema importancia de las acciones y omisiones que el señor Osuna desarrolló como delegado del Estado y presidente de Rilco, en su desembolso indebido a la empresa MFZ". Se aprecia responsabilidad contable, insistiendo de nuevo en la obligación de todo gestor público a actuar y comunicar irregularidades cometidas en los procedimientos a través de los que actúe.

Pero en el caso de Osuna, donde la sentencia es más contundente es en la excusa utilizada por éste de que no fue bien asesorado por los propios abogados del Estado representados en el Consorcio y que por ello ordenó una serie de pagos sin conocer en profundidad la naturaleza de los mismos.

Por el contrario, la sentencia hace una defensa rotunda del trabajo de la Abogacía del Estado “cuya diligente intervención en defensa de la legalidad y del interés de la Entidad Pública, hay que destacarlo, desmiente radicalmente las veladas alusiones, cuando no los reproches infundados, vertidas por el señor Osuna". Además, por si fuera poco, se valora de forma muy negativa que el propio delegado se ausentara de su puesto de responsabilidad para acudir a un curso de formación de cinco meses de duración “delegando en determinadas personas que le asesoraban e informaban de la situación, hecho que privaba al Consorcio y sus instituciones, de la persona que idóneamente podía y debía tomar decisiones ejecutivas de calado que remediaran los problemas que se habían detectado".

La sentencia saca también a la luz como Manuel Rodríguez de Castro se desentendió de todo el procedimiento e incluso optó por ‘despedir’ a su equipo jurídico en este caso en noviembre de 2010 y reclamar inicialmente un abogado de oficio.

Junto a todo el proceso relacionado con el uso por parte de Manuel Rodríguez de Castro de fondos no autorizados de la Zona Franca para sus gastos personales y de la puesta en marcha de Rilco, el Consorcio de la Zona Franca tiene también abierto un frente judicial con el caso Quality Food. Todo ello ha provocado pérdidas millonarias a esta institución.

Publicado por José Antonio Hidalgo (Diario de Cádiz)




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