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7/6/2009

El final de la trama de la Zona Franca

Inicio > — josegalindo @ 8:53 am :: 3819

El dinero deja un rastro. Las investigaciones para saber qué ha pasado con las partidas millonarias que se invirtieron en la Zona Franca de Cádiz, durante la etapa del PP, para crear el portal informático Rilco están más cerca de llegar hasta el final de ese camino. Así lo cree la Abogacía del Estado que, en un informe entregado al Tribunal de Cuentas, ha desvelado que, al menos, 215.000 euros fueron a parar a cuentas a las que el ex delegado del recinto fiscal, Manuel Rodríguez de Castro, tenía acceso. “El proyecto Rilco sirvió para encubrir una malversación o apropiación de 4,2 millones de euros por el señor Rodríguez de Castro y personas de su entorno", reza el documento.

“El proyecto Rilco sirvió para encubrir una malversación de 4′2 millones”

Rilco nació en 1999. Según la Abogacía del Estado, fue “idea y obra personal” de Rodríguez de Castro. Su objetivo era contar con un sistema de comercio internacional a través de Internet que permitiera realizar transacciones comerciales, eliminando papeleo aduanero y garantizando la seguridad económica. El informe revela que nunca se supo si ese reto era posible cumplirlo.

La Zona Franca primero contrató a las empresas Saínco y Telvent para crear a pequeña escala una red que constatara si la idea era realizable pero antes de que ofreciera resultados se convocó un concurso para desarrollar plenamente Rilco. Era una inversión de 4,2 millones de euros, que fueron a parar a Miami Free Zone, empresa que dirigía Germán y Carmen Leiva.

“Todos los indicios apuntan a que el concurso fue pura simulación", reza el informe. La Abogacía del Estado reserva un apartado dedicado a demostrar las vinculaciones de Rodríguez de Castro con Miami Free Zone. En él se destaca que esta empresa de los Leiva no llegó a ejecutar ningún proyecto pero sí subcontrató con una empresa domiciliada en Panamá, Duarte Corporation, para desarrollar un portal en blanco de comercio internacional. Ha sido la Agencia Tributaria la que ha permitido descubrir que Duarte Corporation entregó parte del dinero a una cuenta de la entidad Iberian Reits, cuya única cabeza visible, según la Abogacía del Estado, era el ex delegado del PP. “Manuel Rodríguez de Castro adjudicó un contrato a Miami Free Zone de 4,2 millones de euros. Miami Free Zone subcontrata con otra empresa, Duarte Corporaion, de la que lo único que sabemos de ella es que realiza una transferencia de, al menos 215.000 euros, a cuentas disponibles de Don Manuel Rodríguez de Castro", concluye el informe.

La Abogacía del Estado ha trasladado estos datos al Tribunal de Cuentas que está fiscalizando la última etapa del PP al frente de la Zona Franca, entre 2000 y 2004, cuando accedió al cargo el sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna. El Juzgado de Instrucción 4 se encarga de la investigación penal de las irregularidades detectadas. El informe deja claro que Rilco no fue un buen negocio y que su objetivo final no fue otro que encubrir una malversación y apropiación de 4,2 millones de euros.
Dos años esperando el estudio de un perito

La instrucción penal del caso Rilco permanece estancada. No se puede concluir la investigación judicial hasta que no se contrate a un perito que realice un estudio sobre el coste real del portal informático. La Fiscalía no puede tampoco terminar su acusación hasta no contar con un análisis independiente que contraste los otros tres presentados por cada una de las partes.

La Universidad de Sevilla realizó un estudio encargado por la Zona Franca, ya en la etapa del PSOE, que reveló que Manuel Rodríguez de Castro llegó a pagar más de seis millones de euros por un portal informático que tan sólo costaba uno. En el juzgado permanecen los informes periciales solicitados por Telvent y Miami Free Zone que sostienen que las cantidades pagadas se ajustan al coste de los trabajos realizados.

Debe ser el cuarto perito el que dé la solución a versiones tan dispares. Es competencia de la Junta de Andalucía pagar este servicio pero, de momento, aunque se contactó hace ya un año con uno, que llegó a solicitar 30.000 euros por su trabajo, todavía no ha sido contratado. La Fiscalía necesita de este cuarto informe para sostener una acusación con fundamento. El Juzgado de Instrucción 4 ha reclamado varias veces la contratación de este informe, sin que hasta ahora haya recibido la respuesta deseada. En la causa hay, hasta ahora, ocho imputados: Manuel Rodríguez de Castro, Germán y Carmen Leiva están acusados de fraude, exacciones ilegales, malversación y apropiación indebida.

El sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, está acusado de un delito societario por haber continuado los pagos. También está imputados trabajadores de Telvent y técnicos de la Zona Franca en aquella etapa.

Publicado por Pedro Espinosa (El País)




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