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6/3/2009

La Junta se plantea renunciar a rehabilitar la finca en la que se cayó el techo

Inicio > — josegalindo @ 9:11 am :: 3714

Desalentados y desamparados. Así proclaman sentirse los vecinos del número 5 de la calle Paco Alba, donde el pasado jueves se desplomó un techo de una vivienda que obligó a desalojar y precintar el inmueble. Por si fuera poco el riesgo al que se han visto expuestas estas cinco familias y el miedo que han pasado en las últimas horas, el derrumbe podría dar al traste también con la remodelación de la finca contemplada por la Junta de Andalucía.

Así lo afirmó ayer la gerente de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, Silvia López, quien admitía estar “cansada de esperar” para cerrar la adquisición con la orden religiosa concepcionista (la propietaria) y advirtió que, si no se concretaba la compra en una semana, “retiraremos nuestra oferta”.

Y es que son casi cuatro años los que han transcurrido desde que la Administración autonómica suscribiera con el Obispado un convenio para arreglar el convento de Santa María, en el que se incluía la cesión del edificio de La Viña a la Junta como compensación. A raíz de ese compromiso, el departamento andaluz realizó estudios previos y tasó la casa en 270.450 euros. No obstante, la existencia de un particular usufructuario vitalicio parece haber impedido hasta ahora la operación.

La gerente de la Oficina, desde luego, no duda en culparle de la actual situación. Y acusa a su administrador, Gonzalo Pastor, de “lavarse las manos ahora, después de llevarse varios años cobrando a sus inquilinos las rentas y no ejecutar los requerimientos de seguridad exigidos”. Además, para López resulta “inexplicable” que el representante del usufructuario no se haga cargo de las familias afectadas y se niegue a realojarlas . Máxime, cuando “se trata del principal responsable de lo que ha ocurrido allí”, añadió.

Por su parte, Pastor confirmaba ayer a este periódico su propósito de no buscarle provisionalmente un piso a los damnificados, argumentando para ello “malas experiencias anteriores” y la ausencia de norma legal que le obligue a actuar de esa forma. Es más, adujo que ya en otra ocasión el Ayuntamiento lo intentó y los tribunales le dieron a él la razón. “Hay una sentencia de la Audiencia Provincial que lo avala”, precisó.

Asimismo, tildó de “falsas” las críticas de la Oficina de Rehabilitación y rechazó ser ningún obstáculo para que la compra pueda materializarse. “Hasta la fecha nadie ha solicitado al usufructuario que comparezca formalmente en ningún sitio”, sostuvo. Como botón de muestra, indicó que su cliente era titular de otras dos fincas y “no ha habido ningún inconveniente para traspasarlas a otras dos entidades religiosas”.

Y en medio de tanto cruce de reproches y recriminaciones, los más perjudicados nadaban ayer en una mar de dudas y de incertidumbre. “Estamos muy decepcionados”, declaraba María, residente del 2ºB. Su familia y otra más han optado por quedarse en domicilios de parientes, mientras que las otras tres permanecen alojadas temporalmente en la Pensión Cádiz, a cuenta del Consistorio.

“No sabemos a quién creer porque cada uno nos ofrece una versión diferente y se quita el muerto de encima”, apostillaba indignada. Lo único que dice tener claro es que con la antigua dueña del edificio las cosas habrían sucedido de una manera distinta. “Ella era una mujer muy generosa y jamás hubiera consentido dejarnos tirados en la calle y con lo puesto como ha hecho este administrador”, señaló. Y concluyó pidiéndole que “no mire sólo por el dinero y valore que somos seres humanos”.

“PREGUNTEN QUE HAN HECHO DESDE 2006″
Por otro lado, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reiteró ayer la intervención del Ayuntamiento en la finca de Paco Alba 5, dejando claro que el Consistorio ha actuado correctamente en cuanto a las inspecciones urbanísticas se refiere. Martínez aseguró que las obras requeridas en 2007, en el 2º D, sí se ejecutaron, lo que ratificó el técnico municipal en su visita la semana pasada. Agregó que, por iniciativa propia, el técnico inspeccionó la casa colindante, sobre la que no constaba ninguna denuncia y concluye la necesidad de hacer obras de seguridad. Martínez esperó que “no pretendan echarnos las culpas a nosotros” y se preguntó por qué la Junta de Andalucía “no ha hecho nada desde 2006 pese al acuerdo con el Obispado”.

Sin embargo, los partidos de la oposición sí creen que el Ayuntamiento ha tenido parte de responsabilidad en este accidente. Así, la concejala del PSOE, Carolina Camacho, acusó ayer al Gobierno local de “incumplir” el protocolo aprobado en materia de infravivienda y de no exigir a los propietarios “en tiempo y forma” sus obligaciones urbanísticas. Igualmente, el coordinador local de IU, Tomás Calvo, cuestionó la efectividad de las revisiones municipales, aunque también cargó contra la Junta. “Es difícilmente entendible que en un edificio como éste no se haya hecho nada antes para obtener el edificio y rehabilitarlo”, apuntó.

Publicado por Alejandro Massia (Información)




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