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19/9/2008

La Audiencia da la razón a los compradores de Santiago 11

Inicio > — josegalindo @ 7:12 am :: 3469

El complejo litigio que rodea desde hace años al solar de Santiago 11 comienza a desenredarse. Al menos en parte. Los compradores de los pisos y plazas de garaje que estaban proyectados en este enclave del centro -antes de que un derrumbe en la finca colindante (Barrocal 3) obligase a parar las obras y el Ayuntamiento iniciase la expropiación del terreno- han vuelto a recibir un respaldo en los tribunales, en esta ocasión de la Audiencia Provincial.

En total son 13 particulares, entre ellos las entidades Compañía de Jesús y la Fundación Virgen de Valvanuz, los que se beneficiarán de esta resolución, a la que ha tenido acceso Información.

El juzgado número 3 de Primera Instancia ya les había dado parcialmente la razón en marzo de 2007. La sentencia dictada entonces condenaba a Promociones Santiago Once SL, Cuasan Cádiz SL y Juan Cuadrado Sánchez (administrador único de las dos empresas) a respetar los contratos firmados y a entregar las viviendas en el plazo máximo de dos años. También ordenaba una indemnización por la demora padecida, resultante de aplicar el interés legal del dinero a las sumas depositadas por cada afectado.

Sin embargo, los futuribles propietarios no se conformaron con esta sanción que, además de considerarla insuficiente, no preveía qué pasará en caso de que el acusado no la acate, como todo indica que va a ocurrir, pues la parcela continúa exactamente igual, aunque con más suciedad.
Por eso, decidieron presentar un recurso a la sentencia. Y el mismo camino emprendió la promotora, que en su apelación culpó al Consistorio de la situación por haber detenido la intervención.

Rechazo contundente

La Audiencia no deja ahora lugar a dudas y desestima de forma contundente los argumentos de Juan Cuadrado. Así, señala que “no es legítimo argüir, con un mínimo de seriedad, que la falta de cumplimiento de los demandados a lo convenido está en directa relación con el expediente administrativo de paralización de obras”.

Por contra, el juez sí aprueba la mayoría de peticiones formuladas por los compradores e incluye dos nuevos conceptos de indemnización: por daño y perjuicio patrimonial y por daño moral.
El primero engloba los gastos de alquiler que algunas personas han afrontado al no poder contar con sus casas en este tiempo. El segundo implicará un cuantía adicional equivalente al 30% de las cantidades que los demandantes abonaron en su día como señal.

Y lo más importante, se contemplan medidas contra el empresario en el supuesto de que se desentienda. Llegado ese punto, se rescindirán automáticamente los contratos y la parte condenada deberá devolver los pagos recibidos, incrementados en el interés general, amén de asumir una indemnización, que comprenderá tanto el daño patrimonial como el moral infringido.

“¡Por fin la justicia ampara a estas familias!”, aseveraba ayer, visiblemente satisfecho, su abogado, José Colón, del despacho De La Mata. El letrado recordó que el “calvario” de sus patrocinados no se limita al pleito, que arrancó en 2005, sino que se remonta ocho años atrás, cuando “empezaron los problemas con la promotora”. De ahí que la resolución “haya provocado un gran alivio entre todos ellos”, puntualizó.

“Punto y seguido”

Con todo, Colón reconoce que este episodio no constituirá el fin de este proceso, sino sólo un “punto y seguido” dentro de una batalla legal que se aventura larga. No en vano y a la vista de las circunstancias, resulta casi imposible que la actuación urbanística esté lista en marzo de 2009, cuando vencía el plazo concedido por los tribunales. Y tampoco parece probable que Juan Cuadrado resuelva las deudas contraídas (no consta a su nombre ningún bien, salvo el solar, que se encuentra hipotecado) con los adquirientes.

Ante esta tesitura, “sólo nos queda esperar que este señor cumpla honrosamente con su obligación”, subrayó el abogado, quien no descarta acudir más adelante a la vía penal, si no se termina materializando la sentencia en los términos exigidos por la Audiencia.

Los vecinos acudirán al Defensor del Pueblo

El proceso judicial en el que están inmersas las personas que pagaron parte de sus pisos antes de construirse en Santiago 11 no es el único frente abierto en torno a este solar. Por un lado, existe también el contencioso que el Ayuntamiento mantiene con la promotora a cuenta de la expropiación y, por otro, el de los vecinos de los edificios que sufrieron el derrumbe, algunos de los cuales demandaron a la empresa en los tribunales.

Las fincas afectadas son el número 14 de Compañía, Barrocal 3 y Santiago 9 y 13. Sus residentes denunciaron la aparición de grietas y filtraciones a raíz del suceso de 2004. Pero por ahora continúan siendo los grandes olvidados de esta controvertida historia.

La Asociación de Vecinos Cádiz Centro aseguró ayer a este periódico que en los próximos días solicitará mediante un escrito amparo al Defensor del Pueblo Andaluz “para que, al menos, nos diga cómo va el tema, pues ya sabemos que en materia jurídica no se puede meter”. Según explicó el portavoz de esta entidad, Francisco Gómez, la petición busca recibir la información que “el Ayuntamiento nos niega”.

En este sentido, el representante vecinal recordó cómo en septiembre de 2007 el equipo de Gobierno local anunció el justiprecio de la expropiación y señaló que “sólo quedaba hacer efectivo el pago”. Sin embargo, un año después, “seguimos sin conocer nada de ese expediente”, se lamentó Gómez.

La AVV también duda del control municipal ejercido sobre el solar, lleno de puntales desde 2004.

Publicado por Alejandro Massia (Información)




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