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18/11/2007

El Defensor del Pueblo andaluz considera que la Ley de Vivienda de la Junta se queda corta

Inicio > — josegalindo @ 8:43 am :: 2784

Una crítica directa, diplomática y ponderada, pero expresa, contra la política de la Junta de Andalucía en materia de vivienda. El Defensor del Pueblo Andaluz prepara un informe especial para el Parlamento en el que censura con toda claridad el anteproyecto de ley presentado por la Consejería de Obras Públicas para garantizar el acceso de los andaluces con menor nivel de renta a un piso, un derecho recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

El titular de este organismo, José Chamizo, ya tiene listas las líneas básicas de este documento -que se presentará formalmente cuando el citado texto legal sea objeto de debate en la Cámara andaluza; es decir, no antes de las elecciones de marzo- cuyo contenido ya esbozó hace días durante unas jornadas sobre vivienda organizadas por su oficina.

En dicho foro, que fue inaugurado por la consejera de Obras Públicas, el Defensor criticó lo limitada que es la normativa propuesta por la Junta -una de las banderas políticas del PSOE para las próximas elecciones autonómicas-, se posicionó a favor de otras legislaciones más avanzadas -el caso de las leyes francesa, escocesa o, por ejemplo, la norma que se prepara en el País Vasco- y reclamó mayor compromiso por parte de las administraciones públicas en relación a este problema social. Según Chamizo, un joven en España tendría que ganar “121,13 veces más su actual salario para comprar una vivienda libre de 90 metros cuadrados". Todo un imposible.

Su crítica resalta que el texto legal de la Junta -que se limita a prometer el desarrollo de planes de viviendas para facilitar su acceso a quien se encuentre por debajo de un determinado nivel de ingresos- no incluye ningún reconocimiento expreso del denominado “derecho subjetivo” a acceder a una vivienda. Una fórmula legal que permitiría a los ciudadanos, en determinadas circunstancias, reclamar por vía judicial el acceso a un piso -en régimen de alquiler, como mínimo- en el caso de que las instituciones no sean capaces de garantizar el cumplimiento real de este derecho en un periodo de tiempo regulado. Esta opción está recogida en la Carta Magna, pero necesita una ley de desarrollo para que tal medida sea verdaderamente efectiva.

El Defensor se muestra especialmente insatisfecho con la lectura que hace el Estatuto de este derecho. “No responde a las expectativas que se esperaban y no supone un avance respecto a las previsiones constitucionales; tampoco introduce novedad alguna con respecto a la situación existente", dice Chamizo. El anteproyecto de la Junta tampoco va mucho más allá, limitándose en realidad a una vaga promesa de impulsar las VPO sin mayores responsabilidades jurídicas. Frente a esta postura, el Defensor reclama que, mediante la citada ley parlamentaria “se arbitre legalmente la posibilidad de exigir este derecho ante los tribunales de Justicia". Chamizo sugiere incluso tres supuestos diferentes -en función de grupos concretos de población- para regular la aplicación de tal derecho, así como las obligaciones que tendrían las instituciones. Y algo más: reclama que dicho compromiso tenga una “fecha límite” a partir de la cual, si los ciudadanos que se encuentren en determinada situación no reciben respuesta, puedan acudir a los tribunales en busca de solución por la vía administrativa.

Chamizo es especialmente duro al evaluar la propuesta de la Junta: “Si no se establecen los requisitos [antes citados], no podríamos considerar que se ha reconocido un derecho subjetivo de acceso a la vivienda, ni siquiera para los excluidos de la sociedad". En otras palabras: a juicio del Defensor, la propuesta legal de la Junta, presentada en plena carrera hacia las elecciones, tal y como se ha formulado, no supone avance alguno en este campo, justo todo lo contrario de lo que dice la Junta. Chamizo recoge también una serie de propuestas a incluir en la nueva ley que, en gran medida, no aparecen en el anteproyecto de la Junta. Entre ellas, además de la concertación y el impulso de los planes de vivienda, se reclama un parque público de pisos, fomentar el alquiler y la rehabilitación y gestionar mucho mejor el suelo.

Publicado por Carlos Mármol (Diario de Cádiz)




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