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14/10/2007

Procasa culmina con el código ético el frente contra la especulación

Inicio > — josegalindo @ 7:01 am :: 2705

La empresa municipal de vivienda, Procasa, está a punto de culminar el trabajo iniciado en 2005 para combatir la especulación urbana, un fenómeno también conocido como ‘asustaviejas’.

El presidente del consejo de administración de la empresa y concejal de Vivienda, Juan José Ortiz, ha dado a conocer el resultado del que constituye prácticamente el último paso para cumplimentar los compromisos que la corporación adoptó en el pleno de agosto de aquel año: la redacción de un código ético. Este documento, de momento un borrador, será enviado ahora a los colectivos implicados para consensuarlo.

El documento comienza con una introducción en la que el Ayuntamiento se une a las voces que piden cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este caso, lo que se ve “necesario de forma inminente” es la aprobación de un texto refundido, ya que la coexistencia de tres leyes “genera no pocos problemas interpretativos y de consiguiente inseguridad en la materia". Unas inseguridades que afectan a temas tan importantes como la subrogaciones o las causas de resolución de los contratos.

También en esta introducción se realiza una valoración del papel de las asociaciones de vecinos, a las que se encomienda el control del cumplimiento de los compromisos, y que podrán llegar a ser árbitros en los conflictos si lo piden las partes. Difundirán el código y propiciarán y mediarán en reuniones con propietarios e inquilinos de edificios en mal estado para llegar a acuerdos que tengan como “objetivo fundamental” la realización de obras de mejora y la permanencia de los vecinos. Además, estas entidades serán las interlocutoras a la hora de adherirse o desvincularse del código.

Con respecto al papel de las asociaciones en esta materia hay que destacar que una federación, 5 de abril, ya ha realizado un código ético que empezó a funcionar hace un par de años.

La segunda parte del código redactado por el Ayuntamiento gaditano describe su objeto, finalidad y, en suma, su funcionamiento. Los compromisos obligan a los inquilinos, propietarios o intervenientes de cualquier tipo, dentro del mercado privado, que se adhieran a la iniciativa de forma voluntaria; el que no cumpla lo pactado será expulsado del listado de adheridos, una decisión que se hará pública. Lo que nadie puede es reclamar en los tribunales que se cumplan las normas; por el contrario, se apuesta por el diálogo como fórmula para resolver los conflictos de forma amistosa.

La finalidad es evitar abusos y garantizar un comportamiento “ético y responsable” que va más allá de lo especificado por ley y que supone un compromiso externo ante el propio Ayuntamiento. También se pretende fomentar el alquiler mediante la puesta en uso de pisos vacíos.

Pero ¿cuáles son esas normas? Los propietarios o sus representantes se comprometen a formalizar los contratos por escrito y a darle al inquilino una copia siete días antes de la firma para que pueda comprobar y asesorarse sobre su contenido o cualquier otra cuestión. También deberá respetar ese plazo de una semana de antelación para entregar cualquier documento de naturaleza no económica que deba suscribir el inquilino.

El contrato deberá especificar si la vivienda es libre o protegida, porque en el segundo caso se debe limitar la renta. El propietario también se compromete a protocolarizar los contratos para los que se ha acordado una duración de más de cinco años, otorgando una escritura pública o elevando a público el contrato e inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad. Otras de las normas consisten en comunicar con una antelación mínima de cinco meses -la ley establece un mes- su intención de no renovar los contratos que se extingan, agilizar la realización de las obras de conservación cuando lo pida el inquilino y “no realizar amenazas, coacciones o actos de violencia sobre el inquilino".

Por su lado, los inquilinos se comprometen a dejar entrar en el piso al dueño, su representante o trabajadores que envíe, con el fin de inspeccionar el estado de la vivienda o hacer obras; también a limpiar y realizar el mantenimiento ordinario de la casa y las zonas comunes, no provocar problemas de convivencia con el resto de vecinos y no retrasarse en el pago de la renta.

Tanto inquilinos como propietarios se comprometen a promover el consenso frente a la vía judicial ante los conflictos. Si no hay acuerdos, se obligan a someterse a un arbitraje, “evitando” llegar a los tribunales siempre que sea legalmente posible. El tercer punto común es el de fomentar la comunicación y la colaboración.

El código ético tiene un anexo que recoge la carta de derechos y de deberes del arrendatario y la del arrendador, una especie de guía que resume la legislación actual.

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)




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