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23/3/2007

El juzgado exige al promotor que construya Santiago 11 en dos años

Inicio > — josegalindo @ 5:15 pm :: 2171

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha condenado a Promociones Santiago Once SL, Cuasan Cádiz SL y Juan Cuadrado Sánchez (administrador único de ambas empresas) a terminar las obras de edificación de viviendas y garajes en el número 11 de la calle Santiago en el plazo de dos años a contar desde el pasado día 7 de marzo, y a indemnizar a los compradores de éstos por la demora sufrida.

Las obras en esta finca fueron paralizadas en el año 2004, cuando el suelo del bajo de una de las casas colindantes se hundió. Después, el Ayuntamiento inició la expropiación del solar y también realizó obras de forma subsidiaria que rellenaron el subterráneo que había sido excavado por la empresa para hacer el garaje. Todas estas decisiones están recurridas por la promotora en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

A raíz del hundimiento de la casa colindante (Barrocal, 3) surgieron varios procesos judiciales: el del Contencioso, que está tramitándose, el de los vecinos que sufrieron el derrumbe (en proceso de instrucción actualmente) y el de las dos entidades y once personas que entregaron una señal para comprar viviendas y garajes en el futuro edificio. Este último proceso es sobre el que ahora se ha pronunciado el juzgado de primera instancia.

La sentencia ordena que se indemnice sólo por la demora (los compradores pedían compensación también por otros conceptos) y estima que el promotor podrá hacer las obras, pese a la paralización y al proceso expropiatorio.

En primer lugar, el juzgado razona que el plazo de entrega de los contratos se fijó en dos años desde la firma de la mayor parte de los contratos de compra venta, que se suscribieron en junio, julio, octubre y diciembre de 2000, enero y agosto de 2002 y enero de 2003. Tras repasar la accidentada historia de las obras en Santiago, 11, afirma que la demora “no ya en la entrega de las viviendas adquiridas por los actores, sino en el inicio de las obras” es “imputable a los demandados, sin que pueda estimarse justificada y/o amparada en las dificultades y problemas surgidos en la construcción del edificio", “por los daños aparecidos en la fincas colindantes por la antigüedad de éstas y por las medidas exigidas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de las fincas colindantes; y ello porque el buen hacer de un promotor-constructor inmobiliario exige haber contemplado todas las medidas y previsiones para afrontar aquellos eventos que en un proceso constructivo puedan ser previsibles por posibles y probables, y sabido es que cuando se acometen obras en un solar que colinda con fincas de construcciones antiguas, como acontece en este caso, estas pueden verse afectadas, como ocurrió, por las nuevas obras de edificación". Para la jueza, “no cabe duda” de que los demandados “han incurrido en el incumplimiento de la obligación principal asumida en el contrato, cual es la entrega de cada una de las viviendas y plazas de garaje".

Para el juzgado, “la imposibilidad de cumplimiento que aduce la demandada en modo alguno se justifica pues bastaría con ello que por la promotora se adoptara las medidas exigidas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de las fincas colindantes, con lo que se alzaría la paralización de las obras".

De esta forma, “se mantiene la necesidad de que las demandadas cumplan con lo pactado, procediendo a la entrega de las viviendas, lógicamente no en la fecha indicada por los actores en la demanda, 16 de enero de 2007, sino en el plazo de dos años desde la fecha de esta resolución", esto es, a partir del pasado 7 de marzo.

Tampoco cabe duda para el juzgado de que el promotor “ha incurrido en mora", por lo que lo condena a pagar daños y perjuicios a los compradores. Las cuantías que percibirán serán diferentes, ya que depende del dinero que entregaron como señal en su día y de la fecha en que firmaron. La indemnización será el interés legal de estas cantidades desde que se debieron entregar las casas (dos años después del contrato), hasta que se entreguen. A este pago tendrán que hacer frente Promociones Santiago Once y Cuasan, esta última porque varios contratos estaban a su nombre y, aunque el empresario dijo que era un error, nunca se corrigió.

La sentencia valora la responsabilidad de Cuadrado ante la situación de la empresa, y establece que debe responder conjuntamente con la sociedad ya que, recuerda, “ante la situación de crisis en la que afirma se encuentra la sociedad, ni amplió capital, ni procedió a su disolución, etc., se limitó al cese de la actividad. La consecuencia de su conducta es la sanción prevista en la ley societaria que no es otra que responder conjuntamente con la sociedad deudora".

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)




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