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18/1/2007

El Ayuntamiento recurrirá al Defensor del Pueblo por las viviendas vacías de Astilleros

Inicio > — josegalindo @ 5:34 pm :: 2015

El Ayuntamiento asegura que está dispuesto a llegar hasta el Defensor del Pueblo para que la Junta revise los casos de fraude que se están dando en las viviendas protegidas de Astilleros.

El equipo de Gobierno, que había pasado la denuncia a la Junta de Andalucía con fecha de mayo de 2004 advirtiendo de la existencia de 78 pisos desocupados, asegura que aún no ha recibido una contestación por escrito del Gobierno regional. Hace un año, el Ayuntamiento volvió a dirigirse a Obras Públicas en una carta oficial recibida en febrero de 2006, para que informaran de cuál había sido el resultado de la investigación.

El próximo paso que dará el equipo de Teófila Martínez es llevar esta iniciativa a la Junta Local de Gobierno para pedir de nuevo a Obras Públicas que acelere la investigación para determinar si hay o no fraude en los casos planteados.

El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, se queja sin embargo de la falta de colaboración del Ayuntamiento de Cádiz que, según dice, es el único de toda la provincia que no ha accedido a ayudar a la administración regional a detectar los fraudes. «Nosotros hemos llegado a acuerdos con otros ayuntamientos para realizar todo el proceso en colaboración con los cuerpos de la Policía Local y el de Cádiz es el único que se ha negado a hacerlo y nos lo ha dicho por escrito, incluso», manifestó Lorenzo.

El delegado de Obras Públicas criticó esta falta de colaboración, a pesar de que la Ley exige que las administraciones se presten ayuda mutua.

Lorenzo recordó que «estamos en un Estado de derecho y por eso todas las personas tienen derecho a presentar las alegaciones que estimen oportunas».

En ese sentido, admitió que el proceso puede ser muy largo y laborioso, ya que los funcionarios tienen que comprobar, caso por caso, los recibos de la luz y el agua y otro tipo de facturas, porque hay que presentar pruebas.

Para el responsable de la Delegación de Obras Públicas, «presentar una denuncia es muy fácil, pero luego la comprobación resulta muy laboriosa».

En cualquier caso, Lorenzo alega que como prueba de que la Junta está interesada en detectar el fraude y castigarlo está la Ley de Vivienda Protegida, aprobada en 2005, que incrementa las sanciones en caso de fraude y que prevé, incluso, la expropiación. «Eso demuestra la apuesta de la Junta de Andalucía por la defensa de la vivienda asequible y porque ésta sea utilizada correctamente».

Inspectores

Precisamente esta Ley preveía la creación de un cuerpo de Inspección y Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que según Lorenzo ya existe, aunque también se necesita la colaboración de otras administraciones para poder acelerar el proceso.

El concejal de Hacienda, José Blas Fernández, cree que lo que tiene que hacer la Junta es dar explicaciones por escrito «y decirle a Pérez Peralta que no hable de lo que no sabe».

Según el edil, el secretario local socialista confunde a Procasa con la Junta y aprovechó la ocasión para manifestar que la empresa municipal de la vivienda hace un control y seguimiento de los pisos que ha otorgado. «Ojalá la Junta ejerciera el mismo control que nosotros hacemos sobre los pisos de Procasa», señaló el edil.

Publicado por Mabel Caballero (La Voz de Cádiz)




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