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13/8/2006

Amenaza de expropiación a los dueños de infraviviendas

Inicio > — josegalindo @ 8:24 am :: 1569

Hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobaba una batería de medidas contra la especulación urbana, un fenómeno más conocido como el de los asustaviejas. Entre ellas estaba una que responde a una vieja aspiración del gobierno local, pero cuya aplicación práctica está en manos de la Junta de Andalucía: la recuperación de la cédula de habitabilidad.

El municipio, que puede requerir obras de seguridad (y llegar a la expropiación si hay incumplimientos reiterados), salubridad y ornato, se ve con las manos atadas frente a los partiditos. Puede requerir que se sustituya una viga que está a punto de caer, pero no que una vivienda tenga cuarto de baño, porque esto último no responde al criterio de seguridad, ni al de salubridad, ni al de ornato, sino al de habitabilidad.

Tras años reclamando a la Junta que recuperara la cédula que impediría que se vuelvan a alquilar infraviviendas, el Ayuntamiento se ha encontrado una mayor receptividad por parte de la Consejería ya que, precisamente ahora, se está redactando la Ley de Calidad de la Vivienda. Así, tras diversas reuniones con los responsables de Obras Públicas y Transportes, hace unos días el gobierno local trasladaba a la Delegación Provincial encabezada por Pablo Lorenzo una propuesta de recuperación de la cédula. Según indicó el concejal de Vivienda y Rehabilitación, Juan José Ortiz, el texto, de seis páginas y elaborado por los técnicos municipales, aborda la situación y propone medidas que, a juicio del Ayuntamiento, ayudarían a luchar contra la infravivienda.

La propuesta pasa porque se dé un plazo de un año a los propietarios (a contar a partir de la entrada en vigor de la ley andaluza) para obtener la cédula de habitabilidad, aunque habrían de hacerlo automáticamente, sin esperar ese tiempo, si se produjera una transmisión de la casa o si se intentara contratar un suministro. Obras Públicas sería la encargada de hacer estas inspecciones y los ayuntamientos, los facultados para expedir estas cédulas que permitirían que la casa pudiera seguir siendo habitada.

Ortiz indica que haría falta desarrollar normativamente el concepto de habitabilidad, es decir, marcar con exactitud qué tiene que tener una vivienda para que se la considere habitable, teniendo en cuenta, en todo caso, criterios como el valor histórico de los inmuebles o su antigüedad.

El propietario que no obtuviera la cédula en el plazo establecido se enfrentaría, si prospera la propuesta municipal, a sanciones, expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad y también podría ver precintada la vivienda para impedir que se ocupe. A juicio del Ayuntamiento gaditano, esto debe ir unido a medidas para priorizar que las fincas que no pasen por el filtro se sometan a los programas de Transformación de Infravivienda. También habría que articular un programa de vivienda protegida para responder a la probable demanda que generaría que se desocuparan estas viviendas.

El edil no cree que esta nueva medida pueda ser usada por los dueños de casas inhabitables para acabar con los contratos antiguos, porque es algo que no contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos; “se trata de obligarlos a que arreglen sus casas para que sean habitables", indicó el edil, que actualmente está a la espera de una respuesta por parte de la Junta.

Pero no es esta la única de las medidas que se aprobaron en el pleno celebrado el 5 de agosto del pasado año; de ellas, buena parte se han realizado en este tiempo, aunque no las propuestas por la oposición municipal, el grupo socialista e Izquierda Unida. Desde el equipo de gobierno se asegura que no se han olvidado y están en elaboración.

Un año después de la aprobación de estas medidas y del intenso debate ciudadano que suscitó este tema, no se ha registrado, según el Ayuntamiento gaditano, ni un sólo caso de asustaviejas “oficial". Para el equipo de gobierno, tampoco antes había llegado ninguno que se pudiera calificar como tal.

De las 17 medidas del pleno, las que primero entraron en vigor eran las que tenían un carácter estrictamente urbanístico: desde agosto del pasado año, los procesos expropiatorios no tienen vuelta atrás, no se autoriza el retorno de inquilinos a casas y éstas se precintan.

Otro bloque de medidas trataba de potenciar la información y el asesoramiento, y se centran en el Servicio Integral de Atención Municipal al Inquilino (SIAMI), que abrió hace un mes en la antigua Jefatura de la Policía Local. Según el concejal, durante el mes de apertura se han atendido más de medio centenar de consultas, la mayoría sobre plazos de finalización de contratos o sobre pagos.

Esta oficina, que para la oposición ha tardado demasiado en abrir, ha hecho posible que se aplicaran buena parte de las medidas informativas y que se lleve a la práctica el convenio firmado con el Colegio de Abogados. Los servicios de internet, ahora a través de la página de Procasa, mejorarán, según promete el edil.

La comisión de trabajo con los vecinos también se ha creado, aunque con una sola federación, Cadice, algo que ha criticado Izquierda Unida, mientras que también se han lanzado las peticiones previstas a la Junta (más ritmo a la hora de rehabilitar y la convocatoria de un consejo que no se ha reunido porque la Oficina de Rehabilitación lo considera protocolario).

Las restantes medidas son las propuestas por la oposición, y son las que van más lentas: el mapa de fincas de atención prioritaria se realizará en verano partiendo de la lista de infraviviendas ya existente; se espera a que la Junta convoque la comisión de expropiación para estudiar qué fincas pueden interesarle para continuar con el Plan de Rehabilitación del casco histórico, y la carta de derechos y deberes, la tercera de las medidas propuesta por los socialistas, está a expensas de que se haga la cuarta (la de Izquierda Unida): un estudio sobre la incidencia de los asustaviejas.

El Ayuntamiento quiere esperar a que el SIAMI cumpla tres meses para, a raíz de las denuncias que lleguen allí, realizar un estudio sobre la incidencia de los asustaviejas, unas labores que probablemente comenzarán en octubre. A partir de ahí, indica el edil, se podrá realizar la carta de derechos y deberes.

El Ayuntamiento se muestra satisfecho y las asociaciones creen que, desde hace un año, las denuncias se han limitado. Todos coinciden en que hay una mayor voluntad de negociación por parte de los diferentes propietarios, aunque vecinos, PSOE e IU no consideran que el mérito sea exclusivo de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento. Indican que el debate ciudadano y el código ético de la federación 5 de abril han jugado su papel para lograr esta calma y piden que no se baje la guardia.

Los socialistas, además, creen que el fenómeno no ha desaparecido, sino cambiado de formas y planteamientos. El portavoz, Rafael Román, indica que ahora los promotores siguen haciendo que los inquilinos de toda la vida salgan de sus casas, pero en silencio y aumentando la indemnización. Y también se remontan al origen del revuelo del verano pasado (un poder notarial de un promotor que tenía el edil de Urbanismo, José Loaiza) para indicar que se avecina una ley que establecerá incompatibilidades para los concejales.El concejal delegado de Vivienda y Rehabilitación, Juan José Ortiz, cifra en un 66 por ciento el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el pleno de agosto del pasado año, e indica que “no se puede pretender realizar las 17 medidas en una semana; hay que analizar el tema propuesta por propuesta", y asegura que se está trabajando en la adopción de las medidas.

Del año transcurrido desde entonces hace un balance “relativamente bueno” porque “estamos siempre con la guardia alta, en alerta. El propósito de los grupos municipales con la aprobación de estas medidas era crear conciencia social, tanto entre los propietarios como en los inquilinos, tras la alarma que surgió dolosamente el pasado año".

En este tiempo, el concejal cree que efectivamente se ha creado una mayor conciencia en torno al problema de la especulación urbana, al tiempo que existen nuevos órganos capaces de asesorar a todo aquel que tenga dudas sobre su contrato o su relación con la propiedad. Para eso está el SIAMI, en el que participa el Colegio de Abogados, y también con ese objetivo se creó una guía para inquilinos y personas que van a comprar una vivienda, que se puede encontrar a través de internet.

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)




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