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27/4/2006

Una jueza decreta un desahucio a una familia de San Juan 21, que tiene contrato de arrendamiento vitalicio y paga sus cuotas puntualmente

Inicio > — josegalindo @ 8:40 pm :: 1266

Pocas veces un caso de este tipo tiene estas consecuencias. La Asociación de Vecinos Cádiz Centro, recibió hace unos días a una vecina de la calle San Juan 21, que alertada por lo que le estaba ocurriendo fue a solicitar la ayuda de esta entidad vecinal. La finca se encuentra requerida por el Ayuntamiento de Cádiz para que se acometan obras de seguridad, la propiedad lo único que ha hecho es colocar una tapia inestable para taponar la subida a los pisos superiores y una valla para que la única familia que queda en la finca tampoco pueda acceder a los bajos de la misma.

El caso es sumamente curioso, según nos explica María de Diego, vecina afectada, la finca pertenecía a su padre, Manuel de Diego, que fue presidente del Cádiz CF. En el año 2000, De Diego decide vender la finca a Enrique Arroyo y a Antonio Rivas, con una cláusula específica en la que se expresa que la vivienda de María sería arrendada de forma vitalicia, es decir que nadie podría rescindir su contrato hasta que no falleciera.

Cuatro años después, Enrique Arroyo y Antonio Rivas deciden vender la finca a la empresa Goncava S.L., sin comunicarle a María la intención de hacerlo, es decir, sin darle la oportunidad del tanteo y retracto al que tiene derecho. Pero lo peor no fue eso, sino que en la escritura de compra-venta no figura en ninguna de las cláusulas que la vivienda de María de Diego está arrendada con carácter vitalicio, por lo que Goncava se acogió al contrato de María de Diego que está fechado en 1989 para no proceder a la renovación anual y solicitarle que abandonara la casa.

El calvario de María llegó tan solo cinco días después que Goncava comprara la finca, ya que recibió una notificación del juzgado por la que la propiedad solicitaba que se marchara del piso. La empresa llegó a ofrecerle a María hasta 5 millones de las antiguas pesetas para que abandonara la casa, pero ella lo rechazó, porque lo que necesita es seguir viviendo bajo un techo.

En el último juicio que han tenido recientemente, la familia requirió a Enrique Arroyo y a Antonio Rivas para que testificaran que en las escrituras de compra-venta que se realizaron cuando compraron la finca a Manuel de Diego, existía la cláusula del arrendamiento vitalicio, pero ninguno de los dos apareció en el juicio.

Lo peor es lo que ha sucedido después, le ha llegado una notificación del juzgado, firmado por la jueza Concepción Carranza Herrera, por la que le indican que se va a proceder al desahucio.

Ahora María se ha encontrado con que dentro de un mes tendrá que abandonar la casa que su propio padre le dejo arrendada de forma vitalicia sin saber que poder hacer para que esto no se produzca, ahora apelan a todos los que puedan ayudarles para que esta “injusticia no se cometa”.

Publicado por cadiznoticias.com




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