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10/3/2006

La Junta interviene en San Miguel 9

Inicio > — josegalindo @ 4:34 pm :: 1127

La Junta de Andalucía, a través de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, intervendrá en San Miguel, 9 subvencionando las obras contra la infravivienda existente en el piso tercero. Así lo confirmaron a este medio fuentes autonómicas, que señalaron que la Junta tomará cartas en el asunto a través de una subvención que permitirá realizar los trabajos necesarios para terminar con los problemas de infravivienda de la finca.

La involucración autonómica responde a la petición personal realizada por Salvador Pellicer, inquilino del tercer piso, que solicitó una subvención, dentro del Programa de Rehabilitación Autonómica, para poder ejecutar obras en su casa para hacer un cuarto de baño y una cocina, ya que ésta no cuenta con tales dependencias. Éstas fueron las razones de la última polémica con el Ayuntamiento de Cádiz.

Según indicaron fuentes autonómicas, tras la solicitud del inquilino, desde la Oficina de Rehabilitación han contactado con la propiedad de la finca, la empresa Isajoeli, de la que Juan Hidalgo es administrador único. Éste “ha dado su autorización” para la realización de tales obras, comprometiéndose –según la Junta– a financiar una parte de los trabajos. Es decir, la Oficina de Rehabilitación financiará, a través del Programa de Rehabilitación Autonómica, hasta el 75 por ciento del coste de la ejecución y el propietario asumirá la cantidad restante.

La polémica

Cabe recordar que el pasado febrero un inquilino de San Miguel 9 denunció la falta de compromiso del Ayuntamiento de Cádiz en cuanto a la realización de las obras.

En una reunión del 2 de febrero con el concejal de Urbanismo, José Loaiza, éste informó a los afectados de que los trabajos de seguridad estaban a punto de terminar y pronto podrían regresar a sus casas. Sin embargo, Salvador Pellicer comprobó que, con la ejecución de dichos trabajos, no se había solucionado la falta de cuarto de baño en su vivienda, algo a lo que se había comprometido el concejal en mayo de 2005.

Desde el Consistorio contestaron a las críticas vecinales, argumentando que su responsabilidad se centraba en garantizar la seguridad y salubridad de las viviendas. Asimismo, aclararon que el Ayuntamiento no podía obligar al propietario a hacer las obras, cuando se trataba de infravivienda. Por ello, decidieron trasladar a la Junta el expediente para que tomara cartas en el asunto como Administración competente.

Fuentes autonómicas confirmaron ayer que “no” existe comunicación oficial del Ayuntamiento sobre la situación de San Miguel 9, si bien respaldaron el argumento municipal sobre su competencia en estos temas. Así, reiteraron que la Administración local sólo puede actuar en cuanto a obras de seguridad y salubridad.
Por el contrario, informaron de la solicitud presentada por el inquilino para poder realizar las obras que dotarán a su casa de las condiciones mínimas de habitabilidad.

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