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2/3/2006

La Oficina de Rehabilitación de la Junta incumplió la ley de contratos

Inicio > — josegalindo @ 2:28 pm :: 1100

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado en su informe de fiscalización del plan de vivienda 1999-2002 “variaciones significativas” en los convenios suscritos por la Junta, ya que se producen cambios en el número de viviendas, en los plazos de ejecución y en la estimación de costes.

Además, algunas actuaciones previstas en esos convenios no se llegan a realizar y se ejecutan otras no previstas, según el informe que expuso ayer en la comisión de Infraestructuras del Parlamento andaluz el consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas.

Pero el informe también contiene una referencia especial a la tramitación de expedientes por la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz y advierte de que su actuación no se ajusta a la ley de contratos de las administraciones públicas. El portavoz de IU Ignacio García Rodríguez, en declaraciones a Información Cádiz, hizo especial mención a las anomalías detectadas en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, puesto que las conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre la Oficina de Rehabilitación cuestiona la actuación de la Junta. “Nos parece preocupante las advertencias de la Cámara de Cuentas porque la Oficina de Rehabilitación ha sido una cuestión emblemática, pionera y que la Junta siempre ha esgrimido como un ejemplo de transparencia e igualdad de oportunidades”. Frente a estos principios que rigen en los contratos de las administraciones públicas, la Oficina ha hecho “adjudicaciones directas y sin publicidad ni transparencia”, relataba García en base al informe de la Cámara de Cuentas, lo cual “lamentamos profundamente”.

A la fiscalía

En representación del PP, Juan de Dios Martínez, afirmó que el informe “corrobora las denuncias de su partido” y avanzó que “estudian la posibilidad de llevar el informe sobre Cádiz a la Fiscalía”, porque puede haber “delito” en la gestión de la Oficina del Casco Histórico, ya que “el 69 por ciento de las viviendas que se han tramitado no se han ajustado a la normativa de contratos públicos”.
Por su parte, García ha adelantado a este periódico que “no pensamos llegar tan lejos como el PP ”, pero eso sí, “estudiaremos con profundidad esta cuestión”, tras lo cual “pediremos responsabilidades políticas”.
De otro lado, el diputado socialista José García Giralte explicó que durante un período transitorio no se sometió la actividad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a la ley de contratos de las administraciones públicas, pero “eso ya ha cambiado”. Admitió que el informe de fiscalización pone de manifiesto que hay que “ser más rigurosos, administrar bien el dinero público, y concretar mejor la política de actuación” en vivienda.

“Decretazo”

Cabe recodar que el 30 de marzo de 1998 el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el Decreto por el que se establecían medidas de intervención de la comunidad autónoma en el recinto del casco histórico de Cádiz en materia de Vivienda y Suelo. Una medida que levantó ampollas en el equipo de Gobierno de Teófila Martínez y que fue tildada de “decretazo”. Anteriormente, el Ayuntamiento y la Junta llevaban a cabo convenios para acometer la rehabilitación de las fincas del caserío gadtano, para atajar así el problema de la infravivienda.

Publicado por V. Perondi (Cádiz Información)




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