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3/1/2006

Carpetazo a un desahucio “cuando menos” precipitado

Inicio > — josegalindo @ 6:31 pm :: 947

“Si el pago de la renta del mes de abril se le admitió el día 10 de mayo, ningún obstáculo había para admitirle el pago de la renta del mes de mayo al menos hasta el día 10 de junio, y la presentación de la demanda de desahucio dos días antes es cuando menos precipitada, por lo que considerando que en la fecha en que se presenta la demanda no había habido un incumplimiento de la obligación de pago, ni tan siquiera un retraso en el cumplimiento de la misma, procede dictar sentencia desestimatoria del desahucio instado".

El juzgado de primera instancia número 5 resuelve así el caso de Magdalena Rivera, la inquilina del piso segundo izquierda del número 5 de la plaza del Falla, a la que el propietario, José María Rodríguez, quería rescindir el contrato de alquiler. En esta ocasión, además, no podía resolverse el desahucio pagando lo adeudado, porque ya se había hecho una vez.

La abogada de la inquilina, Carmen Balbontín, había hablado de abuso de derecho en su defensa; y había insistido en que la demanda se había hecho incluso antes de que la hija de Magdalena intentara pagar, algo que sucedió un día 10. Ahora, la sentencia, contra la que cabe recurso, estima que la propiedad no debió impedir ese pago a la inquilina, puesto que lo único que establecía el contrato es que los alquileres se abonaran a mes vencido, sin establecerse una fecha límite concreta para pasar por ventanilla.

En los fundamentos de derecho, el juez recuerda que el contrato de Magdalena es de 1970, por lo que se rige por la ley de arrendamientos urbanos del 64 excepto en los extremos que vino a modificar la legislación posterior. Estas modificaciones, en todo caso, “no se refieren al plazo para el pago de la renta".

Esta cuestión legal tiene gran importancia en este caso, porque lo que defendía la propiedad es que la renta no se había intentado pagar cuando se debía de pagar, sino más tarde, y por ese motivo se había rechazado el dinero.

La sentencia argumenta que en la ley del 94 sí que se establece que los pagos se hagan los siete primeros días de cada mes. Pero no la del 64, que al fin y al cabo es la que marca las pautas del contrato. “La ley del 64 no establecía ningún plazo expreso, por lo que había que estar a lo pactado” o a lo establecido en el Código Civil: la “costumbre de la tierra".

En este caso en particular, el contrato nada decía sobre plazos, salvo que los alquileres se devengarían por meses vencidos. El juzgado considera un hecho reconocido que cuando se presentó la demanda de desahucio, el día 8 de junio pasado, es decir, ocho días después de vencida la mensualidad de mayo, no se había realizado el pago de 118,67 euros. El día 10 la hija de la inquilina acude a Administraciones Ortega, donde hacía habitualmente los pagos, y no se le aceptó el dinero por estar ya presentada la demanda. Pero “está asimismo probado, conforme a la documental aportada, que la renta correspondiente al mes de abril de 2005 fue cobrada por Administraciones Ortega S.L. en fecha 10 de mayo de 2005, siendo este dato suficiente a falta de prueba en contra para considerar acreditado que la arrendadora o su administración venían permitiendo los pagos más allá de los cinco o de los siete primeros días de cada mes y que en ningún momento se le hizo saber a la arrendataria que se había cambiado la forma de actuación".

Por eso cree el juzgado que la demanda presentada un día 8, el mes después de que se admitiera la renta un día 10 es, “cuando menos, precipitada". Y cita a la jurisprudencia, que dice que tras el impago debe estar una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de la voluntad de pago.

El tribunal condena a la propiedad a pagar las costas judiciales, pero no condena a la inquilina a pagar la deuda que reclamaba la propiedad, que desde mayo hasta que se celebró el juicio, asciende a 832,69. El motivo es que la inquilina ya había pagado cada mes, a pesar de que los administradores se negaron en todo momento a aceptarle el dinero. Esta situación hizo que la inquilina tuviera que hacer por cada mes giros postales, que eran automáticamente rechazados, y después consignaciones judiciales.

El juzgado dice que “sería contrario al más elemental sentido de la justicia que se condenara al cumplimiento de una obligación a quien en todo momento ha mostrado su más absoluta disposición a ello y que si no lo ha logrado ha sido por los obstáculos puestos por la parte acreedora para la satisfacción de su crédito, pretendiendo resolver inmotivadamente el contrato suscrito con vulneración del artículo 1.256 del Código Civil que establece taxativamente que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

Así pues, el juzgado de primera instancia indica en su sentencia que “la existencia de un procedimiento de desahucio no es suficiente para negarse a admitir el pago de las rentas".

Tanto Magdalena como su hija, Inmaculada, han recibido esta sentencia con evidente alivio. La inquilina tiene setenta años, y sus ingresos se limitan a una pensión que ronda los 500 euros. El primer intento de desahucio, que fue evitado al pagar la renta que se debía, tuvo su origen en la repercusión de una rehabilitación que la inquilina mantenía que el dueño se había comprometido a pagar. Entonces ganó él, pero Magdalena, que ahora sí paga esa repercusión, debe 2.000 euros por la rehabilitación que no se le pueden reclamar por ser insolvente.

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)




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