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1/11/2005

¿No quedan asustaviejas?

Inicio > — josegalindo @ 9:01 am :: 807

Si había algo claro desde el principio es que las prácticas de los asustaviejas no son ilegales, en cuanto tienen buen cuidado de no vulnerar ninguna ley, pero el acoso en sí existe y es moralmente rechazable. De lo que se está hablando ahora es de concretar ese acoso y ver cómo se le puede combatir política y socialmente. Centrar el debate en la legalidad o no de lo que hacen lleva a no amarrar el problema. La definición que ofrece la antigua delegada de Urbanismo, y hoy abogada de PROCASA, del fenómeno de los asustaviejas como «una serie de incumplimientos contractuales por parte de la propiedad» llevaría a negar la existencia legal de asustaviejas, porque el incumplimiento de esos deberes, que suelen limitarse a mantener en uso la vivienda, son difíciles de probar, y más aún si, como dice, hay que demostrar que «obedecen a un plan concebido destinado a la extinción del contrato», es decir, probar no los hechos sino las intenciones que ocultan.

La relación entre propietario e inquilino es siempre desigual, desde las mismas cláusulas que obligan a unos y otros en los contratos hasta las consecuencias que no cumplirlas les suponen a cada parte: mientras el inquilino va a la calle, al propietario se le obliga a reparar. En esas condiciones, los inquilinos no denuncian por miedo. Naturalmente también existen los inquilinos chantajistas que amenazan al dueño, pero es difícil que el daño que le puedan hacer, a la casa o a su patrimonio, no suponga incumplir alguna cláusula, la extinción del contrato y, ahora sí, su persecución legal. Estas situaciones se conocen. Resulta especialmente grave que una dirigente vecinal como Lucía Núñez asuma como cierto el término de asustadueños pero llegue a dudar de la existencia misma de los asustaviejas por la falta de denuncias formales, un desconocimiento de la realidad a la que se supone representa y un alineamiento contra la parte más indefensa del conflicto del que tendrá que dar cuenta, alguna vez, a sus vecinos.

La carta abierta del promotor Enrique Arroyo también centra, como era de esperar, el debate en el campo de la legalidad. Que es cierto que se cumple o no se cumple. Y no con criterios estadísticos, como parece pretende justificar sus expedientes sancionadores, sino caso a caso. Las reflexiones sobre las distinciones entre moral y legalidad no son nunca ni «peligrosas ni absurdas». La moral concierne al fuero interno o al respeto humano, mientras la legalidad se refiere a lo que está ordenado. Las dos nos obligan personalmente pero, es cierto, sólo se nos puede exigir el cumplimiento de la ley. Aunque es bastante ingenuo pensar que la ley es siempre justa. De ser así, no habría necesidad de cambiarla nunca. La criticada por Arroyo Ley de Arrendamientos de 1994 restablece la temporalidad de los contratos, en lugar de la prórroga obligatoria para el arrendador de la ley franquista de 1964, suprime las subrogaciones inter vivos y limita fuertemente las heredadas. Considera las situaciones de dificultad económica de los inquilinos pero también otorga beneficios a los propietarios (impuesto de Patrimonio, IBI o repercusión de los gastos de conservación y costes en inquilinos). Preveía una justa compensación fiscal, en un año, para los arrendadores que no pudieran actualizar contratos de rentas bajas. Llevada a los Presupuestos que no se aprobaron en 1996, el grupo parlamentario socialista presentó enmienda con esa compensación a los presupuestos de 1997 y 1998, proposición de ley en 1997 y enmienda a la entonces ley vigente de IRPF, siendo todas rechazadas por la mayoría parlamentaria popular. Debatir sobre lo que moralmente está bien y está mal, incluso hablando de vivienda, permite orientar a los legisladores. Como el término asustaviejas es infamante no soy partidario de aplicárselo a nadie, salvo que se denuncien actuaciones (no necesariamente ilegales) concretas. Pero estos señores existen. El mismo Arroyo los describe espléndidamente: «quienes dejaron envejecer sus fincas, quienes compran con el único fin de especular, sin realizar obras, ( ) no importándoles adoptar actitudes agresivas». No son delitos. Aún. Porque hacen falta también cambios en la legislación penal del acoso inmobiliario.

Publicado por Manuel J. Ruiz Torres (La Voz de Cádiz)




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