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18/10/2005

Años resistiendo entre escombros

Inicio > — josegalindo @ 7:29 am :: 775

Los escombros llenan las antiguas viviendas de la planta baja de San Juan, 21. De los huecos practicados en el antiguo aljibe salen ratas y babosas, hay plagas de mosquitos y la humedad se come los muros. La Delegación Municipal de Salud dejó su veredicto por escrito: la casa es “nociva para la salud". Allí quedan dos familias que se resisten a irse y que luchan en los tribunales para defender su postura: sus contratos siguen vigentes.

La propiedad, Goncava, ve las cosas desde el punto de vista opuesto. El gabinete de abogados que lleva este caso, De la Mata, explica que están intentando resolver los contratos porque “no hay más remedio. Si no llegas a un acuerdo con ellos ¿qué vas a hacer? Se va al Juzgado y que sea el juez el que decida quién tiene razón".

Esta finca era del padre de los inquilinos, Manuel de Diego Moreno, y de sus tías, que decidieron venderlo en el año 2000 a Antonio Rivas Molina y a la empresa SAEA. Una cláusula en las escrituras dice que los contratos de Manuel y de su hija Carmen, que ya entonces vivía en un piso diferente del inmueble con su marido y su hija, debían respetarse “mientras vivan"; a los otros inquilinos no les afectaba la cláusula, por lo que fueron negociando con los nuevos propietarios y se fueron.

SAEA, la promotora del empresario Enrique Arroyo, inició obras en el inmueble, que se pararon, según los inquilinos, diez días después de que el padre muriera, en enero de 2003. La madre murió dos meses más tarde. Dicen Carmen y su hermano Francisco (que vivía con sus padres y posteriormente se subrogó el contrato de alquiler) que los albañiles volvieron para llevarse el brocal del pozo y traer escombros de otras obras, que dejaron en el bajo y metieron en el aljibe. La proliferación de materiales y que no secaran el pozo derivó en plagas rastreras de las que da fe la Delegación de Salud, que ha intervenido en dos ocasiones para liberar el edificio de bichos, la última el mes pasado. Después la propiedad bajó la fachada “y rompieron los balcones con el andamio".

Francisco y la familia de Carmen se quedaron solos en una casa que se encuentra en un estado lamentable, y la propiedad les informó de que repercutiría las obras en el alquiler, a lo que se negaron hasta que no finalizaran y se les entregara documentación justificativa de lo hecho. Así las cosas, la promotora Goncava compra el inmueble a finales de septiembre del pasado año. A principios de mes le notifica a Carmen que su contrato, que ella entiende como vitalicio, cumple en mayo de 2005. Ella se niega a irse.

Los abogados de Goncava aseguran que después se intentó negociar con el abogado de los inquilinos para buscar una solución que evitara los conflictos (ellos lo niegan tajantemente), pero que no hubo forma. Como los inquilinos no habían pagado desde noviembre del año anterior porque la anterior propiedad “se negó” a recibir las rentas si no iba acompañada por el pago de las obras, intentaron desahuciarlos por impago. Los inquilinos pagaron lo que debían y siguieron en la casa. A fecha de hoy, pagan por consignaciones en el juzgado, porque les devuelven los giros postales.

Pero las acciones judiciales siguen, porque tan convencida está Goncava de que los contratos han vencido como Carmen de que el suyo es vitalicio y Francisco de que su subrogación no acaba en el plazo legal de dos años, porque al ser vitalicio el contrato de su padre, no cabía hacerla pero, al haberla aceptado la propiedad esta se convierte en “un nuevo contrato de cinco años". Francisco ha perdido el juicio en los tribunales y, aunque ha recurrido, la empresa ha pedido la ejecución de la sentencia (que también recurrió y perdió): tendrá que irse el jueves si no consigue el mes de prórroga que ha pedido y a la espera de sentencia de la Audiencia Provincial.

A Carmen también le están intentando resolver el contrato judicialmente. Ella sabía que lo iban a hacer, pero no ha recibido ninguna comunicación. El despacho de abogados indica que el juicio ha de celebrarse en breve, y que ya se aplazó una vez porque no se pudo notificar a la inquilina.

Con respecto al estado de la finca, Carmen lo denunció en Urbanismo y en los tribunales. La sentencia ordenaba obras —que la empresa dice estar dispuesta a hacer— que los inquilinos ven insuficiente, por lo que la recurrieron.

En medio de esta batalla judicial, los abogados de Goncava niegan que mantener la finca en tan deplorable estado sea una forma de presionar a los inquilinos para que se marchen. Sin hablar de este caso en concreto, dicen que también se podría plantear que algunos inquilinos presionan a la propiedad aferrándose a arrendamientos ya vencidos para lograr mejores indemnizaciones.

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)




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