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6/10/2005

Un tribunal de arbitraje resolverá conflictos entre inquilinos y dueños

Inicio > — josegalindo @ 6:31 am :: 751

Los inquilinos y los propietarios de las viviendas podrán dirimir sus conflictos en una mesa de arbitraje. Ese es uno de los principales acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento de Cádiz con el Colegio de Abogados para poner en marcha las medidas contra las actitudes antisociales en materia de vivienda en la capital, o popularmente llamados abusos de los asustaviejas.

Los concejales de Vivienda y Urbanismo, Juan José Ortiz y José Loaiza respectivamente, mantuvieron el martes una primera reunión con el presidente del colegio profesional, José Antonio Gutiérrez Trueba, y el secretario, José Mendoza. En el encuentro se llegó a una serie de acuerdos que ahora deben cristalizar en un documento.

Cabe recordar que el pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre una batería de medidas contra los asustaviejas, entre las que estaba llegar a un acuerdo con los letrados.

Así, el Colegio de Abogados formará parte de la unidad de arbitraje que se ubicará en el Servicio de Atención Integral del Inquilino, que estará situado en el futuro en el antiguo cuartel de la Policía Local en el Campo del Sur. Esto significa que los propietarios y los inquilinos que lo deseen y siempre que ambos suscriban el acuerdo, pueden utilizar los servicios del Patronato Municipal de la Vivienda y someterse a un arbitrio en caso de discrepancias en sus contratos. El tribunal de arbitraje estaría formado por un representante de los abogados, otro de la administración municipal y un tercero que está todavía por decidir, seguramente de los administradores de fincas. Este tribunal dictaría un laudo de obligado cumplimiento por ambas partes.

Juan José Ortiz opina que este arbitrio supondría una agilización “enorme” en costes y en tiempo de procedimiento, ya que la ley les obliga a resolver el caso en un tiempo máximo de tres meses, periodo que se podría ver recortado.

Hay otros puntos que también se incluyen en el acuerdo y es que el Colegio de Abogados va a formar parte de la comisión de trabajo municipal contra las medidas y actitudes antisociales en el mercado inmobiliario. Esta comisión fue aprobada el 16 de septiembre y en la misma forman parte, además del presidente y del vicepresidente, ambos nombrados por la alcaldesa, una representación proporcional del pleno municipal, y uno respectivamente de Procasa, de la Oficina de Rehabilitación de la Junta, de la Oficina de Atención al Inquilino, del Colegio de Abogados, de los administradores de fincas, uno de cada federación de asociaciones de vecinos, uno de los independientes, otro de los consumidores y uno último de la Delegación de Asuntos Sociales.

Otro de los puntos que se ha incluido en el borrador es que un grupo de abogados, todavía está por decidir el número, va a estar presente en esta oficina del Campo del Sur para ofrecer asesoramiento a los inquilinos que demanden información de sus contratos.

Además del borrador que se está elaborando con los abogados, Juan José Ortiz indicó que varias de las medidas que se aprobaron ya se encuentran en marcha y se están ultimando, tales como la guía gratuita de asesoramiento para arrendatarios y compradores, la campaña de información al ciudadano y la página web. A todo ello se le suma la decisión del equipo de gobierno de no parar los procesos expropiatorios que ya se hayan iniciado.

La iniciativa del acuerdo con el Colegio de Abogados tiene como objetivo potenciar el servicio jurídico que se pueda dar a los ciudadanos en casos de abusos. Entre otras cosas, el acuerdo plenario proponía también la elaboración de un mapa de fincas de atención prioritaria socialmente y la redacción de un código ético entre administradores, inquilinos y vecinos.El concejal de Vivienda, Juan José Ortiz, cree que la reunión con el Colegio de Abogados fue “muy positiva", de manera que los vecinos “contarán muy pronto con un servicio de asesoramiento respaldado por este colectivo profesional". A juicio de Ortiz, con el tribunal de arbitraje se va a conseguir un doble efecto. Por un lado “vamos a garantizar a los propietarios y a los inquilinos que sus derechos van a ser sometidos a una instancia imparcial sometida a derecho". El otro de los beneficios, según el edil, es que se van a poner en el mercado muchas viviendas que estaban vacías. Ortiz asegura que estas acciones suponen el cumplimiento de los acuerdos plenarios.

Publicado por Melchor Mateo (Diario de Cádiz)




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