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24/7/2005

“Esto es más que un mal negocio", dice el abogado del Estado

Inicio > — josegalindo @ 7:49 am :: 562

“Esto es algo más que un mal negocio o una pésima gestión". Quien deja constancia de esto por escrito es el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Barjadí, la misma alta personalidad institucional que propuso la ilegalización en Semana Santa de Auzkera Gustiak (AG). En este caso, el abogado del Estado no aborda los vínculos entre AG y Batasuna, sino lo ocurrido en la Zona Franca de Cádiz con una empresa denominada Rilco, de la que afirma: “Gran parte de este proyecto es un fraude que ha ocasionado (al Consorcio) un perjuicio económico de aproximadamente seis millones de euros". Y el abogado del Estado parece tener muy claro quien fue, a su juicio, el principal culpable: Manuel Rodríguez de Castro, primer delegado de la Zona Franca nombrado por el Gobierno del PP. Entiende que los fondos públicos que debió gestionar sirvieron para beneficiar a un tercero, Germán Leiva, oculto bajo una empresa ficticia de Miami, que se “enriqueció con ello", aunque –apunta el abogado– “es más lógico pensar que parte de ellos irían destinados al patrimonio propio de quien fuera el delegado especial del Estado". Esto es, a Manuel Rodríguez de Castro, el hombre que tuvo que dimitir en febrero del año 2001 cuando la prensa reveló sólo una mota de polvo de la montaña de escoria que guardaba bajo su despacho.

El informe que el abogado general del Estado terminó de redactar el pasado jueves 21 de julio, y que ya tienen en sus manos los miembros del comité de la Zona Franca, es absolutamente demoledor con el papel que desempeñó Rodríguez de Castro en Cádiz, ya que, básicamente, le acusa de crear una empresa (Rilco) para pagar –desviar– fondos públicos por un total de 6,7 millones a una sociedad radicada en Miami a cambio de nada y que, además, considera ficticia. Por ello, mantiene que pudo incurrir en los siguientes delitos: apropiación indebida, fraude societario de administración desleal o fraudulenta y, si se demuestra que fue él mismo quien maquinó la empresa de Miami, prevaricación, fraude y exacciones ilegales.

Rodríguez de Castro, que llegó a Cádiz avalado, según él, por el entonces vicepresidente Rodrigo Rato, es hoy miembro del consejo de administración del Grupo Salinas, un importante consorcio mexicano. Durante meses Diario de Cádiz ha intentado contactar con él sin éxito, y lo último que se supo es que dejó su residencia en Madrid. Germán y Camila Leiva, apoderados de Miami Free Zone Managamet Services Corporation, la empresa que el abogado considera ficticia, cobró 4,2 millones de euros de la Zona Franca por dar nada a cambio. De ellos sólo se sabe que tienen una oficina en un edificio de Miami. A pesar de la escasa solidez de esta presunta empresa, Rodríguez de Castro le otorgó el contrato público de 4, 2 millones en competencia con IBM, British Telecom y Siemens, cuya oferta era mucho mejor, entre otras razones, porque Miami Free Zone incumplía los requisitos del concurso.

El abogado demuestra que Germán Leiva y Rodríguez de Castro se conocían antes de concederle el contrato en febrero del año 2000, ya que el propio Leiva estuvo en 1998 en Cádiz y ambos firmaron una suerte de convenio de colaboración. La Abogacía considera a los Leiva coautores de los delitos y da por hecho que nunca entregaron nada a la Zona Franca. Leiva utilizó para confundir el nombre de Miami Free Zone –una empresa real–, al que añadió “Management Services Corporation".

Publicado por Juan Manuel Marqués Perales (Diario de Cádiz)




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