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En España, hasta hace poco, cuando surgía algún problema en cualquier ámbito, se creaba una comisión de investigación. Así, hemos visto comisiones de investigación por el asunto del vertido de petróleo del Prestige, por el avión Yakolev en el que fallecieron los militares españoles, por el atentado del 11-M en Madrid.

Aquí en Cádiz, gracias al equipo de Gobierno que padecemos, no se crean comisiones de investigación, sino mesas, como la mesa contra los asustaviejas, que quieren resucitar de nuevo la alcaldesa y sus adláteres. (…Más información …)

Los últimos 20 años han pasado sin pena ni gloria en algunos barrios de la ciudad, en especial para los que se sitúan en el casco antiguo, ya que muchos siguen contando con infraviviendas.

Durante este período, el Gobierno local cambió su color político y se llegó incluso a constituir una mesa para hacer frente a los especuladores de fincas, en la que estuvieron implicados los distintos grupos políticos y los vecinos, sin éxito alguno por falta de compromiso y actuación.

Las denuncias a los denominados asustaviejas han sido una tónica diaria dentro de las asociaciones vecinales, que han demostrado con el tiempo ser los únicos grupos implicados y, a la vez afectados, por este problema tan arraigado en la ciudad. El ejemplo más reciente de esta lucha lo está protagonizando la Federación 5 de Abril.

Tras la falta de amparo, por parte de las administraciones públicas, decidieron afrontar esta situación de manera independiente. Constancia, esfuerzo y unanimidad en todos los pasos han sido los pilares que han sustentado cada uno de los avances conseguidos, que no tienen más lectura que la simple búsqueda de la tranquilidad vecinal.

Infravivienda

Todavía existen muchas personas que residen en inmuebles que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y que, por lo tanto, son el prototipo más claro de infravivienda.

La Viña, el Pópulo o el Mentidero son los barrios más afectados, ya que Santa María se encuentra inmerso en un profundo proceso de rehabilitación de sus viviendas, si bien este hecho no le exime del problema o sitúa en un lugar privilegiado.

Los presidentes de las asociaciones de vecinos del casco antiguo llevan años solicitando que se mantenga un firme seguimiento de las fincas, sobre todo a las que se les concedan licencias o no hayan pasado la ITE tras su requerimiento, así como que se aceleren los procesos de expropiación.

A esta eterna lucha se ha unido en los últimos meses la de Cádiz Centro. Esta asociación de vecinos, que hasta noviembre no cumplirá su primer año de vida, ha contribuido en la tarea de 5 de Abril no sólo aportando ideas para la campaña informativa, sino mediando para solucionar distintos conflictos sucedidos en Santiago, 11; San Miguel, 9 o San Francisco, 10. (…Más información …)

“Esto es algo más que un mal negocio o una pésima gestión". Quien deja constancia de esto por escrito es el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Barjadí, la misma alta personalidad institucional que propuso la ilegalización en Semana Santa de Auzkera Gustiak (AG). En este caso, el abogado del Estado no aborda los vínculos entre AG y Batasuna, sino lo ocurrido en la Zona Franca de Cádiz con una empresa denominada Rilco, de la que afirma: “Gran parte de este proyecto es un fraude que ha ocasionado (al Consorcio) un perjuicio económico de aproximadamente seis millones de euros". Y el abogado del Estado parece tener muy claro quien fue, a su juicio, el principal culpable: Manuel Rodríguez de Castro, primer delegado de la Zona Franca nombrado por el Gobierno del PP. Entiende que los fondos públicos que debió gestionar sirvieron para beneficiar a un tercero, Germán Leiva, oculto bajo una empresa ficticia de Miami, que se “enriqueció con ello", aunque –apunta el abogado– “es más lógico pensar que parte de ellos irían destinados al patrimonio propio de quien fuera el delegado especial del Estado". Esto es, a Manuel Rodríguez de Castro, el hombre que tuvo que dimitir en febrero del año 2001 cuando la prensa reveló sólo una mota de polvo de la montaña de escoria que guardaba bajo su despacho. (…Más información …)

El promotor inmobiliario Enrique Arroyo, calificado por varias organizaciones vecinales como asustaviejas, ha afirmado que ni él ni la sociedad que representa, Servicio Inmobiliario de Gestión S.L. (SAEA), “han utilizado, contratado o requerido los servicios profesionales” de José Loaiza, teniente de alcalde delegado de Urbanismo.

Esta respuesta se ha hecho mediante un requerimiento notarial realizado por el propio edil del Partido Popular después de que el portavoz municipal del PSOE diera a conocer en el debate del estado de la ciudad que Loaiza contaba con un poder notarial de Enrique Arroyo, pese a que decía que en ningún momento había sido utilizado. (…Más información …)

Su denuncia sobre los asustaviejas, su polémica sobre poderes notariales y la relación entre los trabajos públicos y privados de determinados concejales del equipo de Gobierno, han permitido a Rafael Román tomar la iniciativa política en el Ayuntamiento, hasta el punto de provocar la convocatoria de un pleno extraordinaria sobre uno de los grandes problemas de la ciudad: la vivienda.

En esta conversación con LA VOZ, mantenida en la tarde del pasado viernes, Rafael Román habla también, sin querer entrar en detalle al considerar que es una cuestión ya cerrada para él, de la abrupta salida de Teresa Agudo de las filas socialistas.

-Parece que el problema de la vivienda comienza a tomarse en serio en esta ciudad.

-Este Ayuntamiento es el que más oportunidades ha tenido para afrontar el problema de la vivienda. La herencia del PSOE era pródiga, dejando los terrenos de la Cervecera, los terrenos de Astilleros y de Varela. En cuanto a vivienda nueva, eran tres áreas que en este tiempo han permitido construir promociones. En el tema que afecta al problema social de fondo y que ha comportado el peligro de desnaturalización de los barrios tradicionales, aquí el PP ha estado muy dormido. Defienden la ITE como instrumento, pero han dejado desprotegidos a muchísimos vecinos. Además, en la política de rehabilitación de la Junta se ha pasado de la colaboración a la obstrucción. Ha sido muy significativo que el equipo de Gobierno haya tardado en desalojar dos caballos (en la Cervecera) más de un año, cuando allí debían construirse viviendas sociales. (…Más información …)