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13/6/2005

La falta de expropiaciones ralentiza la rehabilitación en el casco antiguo

Inicio > — josegalindo @ 7:48 pm :: 455

No hace falta consultar ningún archivo histórico para saber cuándo se construyó el número 22 de la calle de la Torre, en Cádiz. Unas cifras hechas de hierro, puestas encima de la puerta de entrada, lo dejan claro: 1887. De finales del siglo XIX y, aun así, no es de los edificios más antiguos de la ciudad. Esta finca tiene ahora un nuevo cartel en su fachada. Uno que indica que pronto será rehabilitado. Que, en menos de dos años, será nuevo.

El número 22 de la calle de la Torre es una de las 107 fincas incluidas en el Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Junta de Andalucía. Un proyecto con el que se ha actuado en casi 3.800 viviendas y que ha costado hasta ahora 80 millones de euros. Comenzó en septiembre de 1999 en el número 21 de Santo Domingo. Hasta entonces, era el Ayuntamiento el que desarrollaba el programa de rehabilitación de viviendas en colaboración con la Junta. Ahora es al contrario.

Dentro del plan de vivienda de la Junta hay varios proyectos. Los más significativos, el de eliminación de infravivienda y la rehabilitación autonómica, con el que se contribuye a mejorar y conservar viviendas. Ya se han transformado 50 fincas —389 casas— consideradas infravivienda de las 360 catalogadas como tal en el casco histórico. También se han rehabilitado 1.011 viviendas. Sin embargo, representantes de las asociaciones vecinales afectadas por el mal estado de los inmuebles han detectado un “parón” en la rehabilitación. Parón que han reconocido la Junta y el Ayuntamiento.

La administración autonómica es la que tiene las competencias en materia de vivienda. A través de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, gestiona las obras. No existe ningún documento, en ninguna de las dos administraciones, que recoja el número de inmuebles que necesitan una reforma, parcial o integral. Aunque sí existe un listado de infravivienda. La Oficina llega a acuerdos con los propietarios de los edificios para que los reformen, o bien se los compran, o los adquieren después de que el gobierno local los expropie. Pero el número de expropiaciones ha descendido progresivamente, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. En 2001 se hicieron 11. En 2002, seis. En 2003, tres. En 2004, una. Actualmente hay 24 en trámite. Siete se han iniciado este mismo año.

Ésta es la última medida que se lleva a cabo, el último paso que da el Consistorio después de instar repetidamente a los propietarios de las fincas a que hagan obras en los edificios que lo necesitan. Antes de expropiar, se les hacen expedientes de seguridad y requerimientos de ITEs (inspecciones técnicas de edificios) para comprobar el estado de un edificio o una vivienda. A veces, esto es suficiente para que un propietario arregle una finca.

Pero para los vecinos, la expropiación o la amenaza de una expropiación es una garantía de que una finca que está en malas condiciones —aunque no sea considerada infravivienda— se va a rehabilitar. Sin embargo, desde abril de 2002, el Gobierno municipal no le ha vendido ni una sola finca a la Junta, lo que dificulta llevar a cabo el plan. “Hasta ahora hemos comprado 54″, explica el director de la Oficina, Jesús Martínez. “Bien a particulares, bien al Ayuntamiento a través de expropiaciones. La Junta no tiene ningún interés en aumentar su patrimonio. Aunque con las expropiaciones se garantiza que los inquilinos serán realojados” mientras duren las obras. Martínez matiza que el arreglo de edificios es “difícil” si no se los vende el Ayuntamiento o no se llega a un acuerdo con los propietarios, “porque a precio de calle es difícil comprar". Y porque el precio del suelo ha subido mucho.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Loaiza, también reconoce que se ha ralentizado la rehabilitación de viviendas. “Hace más de dos años que tenía que estar en funcionamiento la Comisión Provincial de Valoración. Tenemos expedientes abiertos en esa comisión, pero es la propia Junta la que los ha paralizado". Este organismo es el que se encarga de dirimir los justiprecios, es decir, de determinar el dinero que tiene que pagar el Gobierno autonómico por la adquisición de una finca.

Las administraciones no son las únicas que intervienen en la mejora de las viviendas del casco histórico. En 1996, la empresa Larcovi llegó al barrio de Santa María. Merced, 4 y Botica, 22 fueron los dos edificios elegidos. Dejaron de ser partiditos para convertirse en verdaderas viviendas. Ahora, sin embargo, son pocas las empresas que intervienen en la rehabilitación y reforma de los edificios. Esa labor corresponde a la Junta. Y el Ayuntamiento se dedica a hacer nuevas construcciones.

La mayoría de asociaciones de vecinos del casco histórico están preocupadas por el frenazo en la reforma y rehabilitación de viviendas, si bien las de San Juan y El Balón aseguraron no haber detectado ningún parón. “Este barrio se está revalorizando. Por eso ningún propietario quiere vender", asegura Miguel Iglesias, vocal de Vivienda de La Viña. Desde la junta directiva aseguran que los dueños están esperando a que se haga el hotel Valcárcel —de lujo— para sacar más partido a sus fincas. “Tampoco el Ayuntamiento está vendiendo ninguna finca a la Junta. Por eso estamos un poco parados". Iglesias cree que para que esa zona tuvieran las condiciones mínimas de habitabilidad habría que “tirar medio barrio con una pala” y empezar de nuevo a construirlo todo.

“Todo está parado", afirma Julio Sánchez, vocal de Vivienda de Santa María. “Hace mucho que no se hacen requerimientos, ni expedientes de expropiación. Y aquí hay verdaderas urgencias. Las administraciones deben presionar a los dueños para que vendan. O, si no, expropiar". El responsable de Vivienda de El Pópulo, Antonio Gallardo, pide tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento que no paren las reformas “por peleas políticas". “Que piensen en los vecinos. El propietario de una finca que no la quiera rehabilitar, que venga el Ayuntamiento y se la expropie. Y, sobre todo, vamos a por las viviendas que están vacías".

Publicado por Eva Bocanegra (Diario de Cádiz)




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